Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
Me gustaría invitarles a imaginar qué harían si, luego de despedirse de su hijo, son parados en la calle por policías que les preguntan su nombre y, cuando asienten, les ponen una capucha, les esposan por la espalda y les meten a empujones a un carro desconocido. Imaginen que esto es en represalia al trabajo que realizan.
Eso es parte de la pesadilla vivida por la juez Angélica Sánchez Hernández en Veracruz, razón por lo cual la Relatora sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU pidió información al Estado mexicano en una carta publicada este lunes.
El antecedente fue la no vinculación a proceso, el 3 de junio, de un imputado del delito de homicidio de un diputado local, en cumplimiento con una sentencia de amparo. Esta decisión tuvo un fuerte reclamo de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y duras críticas públicas del gobernador Cuitláhuac García.
De acuerdo con la relatora, el 5 de junio por la mañana, la jueza se despidió de su hijo y, al avanzar en su auto […], dos policías estatales que iban a pie en la calle le marcaron el alto y le preguntaron si era Angélica Sánchez. Al contestar afirmativamente, pasó lo dicho: la esposaron, cubrieron el rostro y la trasladaron en una camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado al destacamento estatal conocido como Cuartel de San José, en el centro de Xalapa. También se llevaron su carro.
De acuerdo con la comunicación internacional, la Juez no habría sido informada del motivo de su detención. Estuvo con la cabeza cubierta, y no podía identificar a los elementos que entraban y salían. No recibió alimentos. Fue forzada a firmar unas hojas que parecían ser un informe policial homologado, pero con renglones en blanco. Estuvo esposada en todo momento, y sintió cuando la policía llevó una almohadilla. Entintaron sus dedos y los colocaron sobre los papeles.
Posteriormente le quitaron las esposas y la obligaron a firmar documentos en blanco. Por temor, la Jueza estampó su rúbrica (no su firma) y colocó las siglas “B.P.” (Bajo Protesta) en dichos papeles. Posteriormente, con la cabeza cubierta la condujeron a un patio del cuartel, donde estaba un medio tambo con arena y la obligaron a disparar un arma que le pusieron en la mano derecha. Por debajo de la capucha la Jueza habría visto que recogieron los casquillos percutidos.
Luego, la llevaron a una mesa en la que estaba su bolsa de mano envuelta en plástico y al lado estaba el arma que le habían obligado a agarrar y disparar, y unas bolsitas aparentemente conteniendo […] droga. Le quitaron la capucha y estaba custodiada por dos elementos de seguridad pública altamente armados con rostros cubiertos que le tomaron fotografías. Hasta ese momento no le habían dado a conocer sus derechos o el motivo de la detención. […]
Los policías hicieron una narración completamente distinta sobre la detención, señalando que detuvieron a la jueza porque circulaba a exceso de velocidad, que los insultó y que, cuando quisieron intervenir, empezó a dispararles. Por ello, la detuvieron detenerla y en se momento le encontraron “paquetitos”.
Su hija fue a buscarla a los separos de la policía y negaron que estuviera ahí.
La jueza estuvo incomunicada por más de cinco horas, por lo que “se presentó un amparo por incomunicación y detención ilegal.”
Fue liberada el 7 de junio de 2023 por la Fiscalía, pero fue reaprehendida el 16 de junio en la Ciudad de México y llevada de regreso a Veracruz bajo nuevos cargos por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia.
La audiencia inicial fue a las 11 de la noche de ese mismo día; se le negó a la jueza el derecho a que fuera pública, a que pudieran co-representarla integrantes del Instituto de la Defensoría Pública Federal y a que estuviera de observador la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se le vinculó a proceso por los dos delitos y se han dado 3 meses para la investigación complementaria.
Y sentencia la misiva que: “Todo esto se daría en un contexto de declaraciones públicas por parte de las más altas autoridades del Ejecutivo a nivel nacional y a nivel local en Veracruz que atacan la independencia del poder judicial.”
La relatora calificó los hechos de “desaparición forzada de corta duración” y se mostró preocupada por el “efecto amedrentador que este precedente puede significar para otros jueces en el país.”
Sin duda, hay mucho que analizar sobre los aciertos y desaciertos del poder judicial pero este caso refleja un claro abuso de poder y un absoluto desprecio al Estado de Derecho.
* Directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” del ITESO
