Desde la sede de Morena en Jalisco, la legisladora por el Distrito 7, con cabecera en Tonalá, exigió al gobierno estatal resultados concretos ante meses de quejas por agua turbia y con mal olor en la zona metropolitana
La crisis del agua que desde hace meses afecta a miles de hogares en Tonalá y el resto del área metropolitana de Guadalajara volvió a colocarse en el centro del debate político. En conferencia de prensa realizada desde la sede del partido Morena en Jalisco, la diputada local por el Distrito 7, Marta Arizmendi, cuestionó la estrategia del Gobierno del Estado para atender el problema y exigió soluciones reales para las familias afectadas.
“La estrategia del Gobierno de Jalisco para resolver la crisis del agua huele igual que el agua que hoy sigue llegando a miles de hogares: huele mal”, expresó la legisladora a través de sus redes sociales, en un mensaje que acompañó su participación en el encuentro con medios.
Arizmendi fue enfática al señalar que su crítica no parte de una percepción personal, sino del testimonio de miles de familias que, dijo, “durante meses han abierto la llave de su casa y han encontrado agua turbia, con mal olor y con la incertidumbre de no saber si pueden utilizarla”. La diputada remató su mensaje con una frase que resume el reclamo ciudadano: “Las familias no necesitan más discursos. Necesitan abrir la llave y encontrar agua limpia. El agua no es un privilegio, es un derecho”.
Una crisis que no es nueva
El reclamo de la legisladora tonalteca se suma a un problema que, de acuerdo con un recuento cronológico de los principales acontecimientos, tiene raíces que se remontan casi tres décadas atrás. Ya desde septiembre de 2020 se reconocía oficialmente un rezago en el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, con plantas de tratamiento sin actualización desde 1997-1998.
Para 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 10/2022, derivada de una investigación por la mala calidad del agua y el desabasto registrado en el área metropolitana. Sin embargo, las alertas no se tradujeron en soluciones de fondo: para noviembre de 2025, la propia CEDH había acumulado 98 quejas ciudadanas por reportes de agua turbia, amarillenta y con mal olor, muchas de ellas provenientes de hogares tonaltecas.
El punto de quiebre llegó en marzo de 2026, mes en que la crisis escaló de forma acelerada. El día 4, el SIAPA declaró públicamente que “no hay riesgo” para la población. Días después, entre el 9 y 10 de marzo, el propio gobierno estatal señaló una causa del problema mientras la CEDH abría una investigación formal. Para el 14 de marzo, el Congreso del Estado exigió explicaciones a las autoridades responsables, y el 18 de marzo la Universidad de Guadalajara confirmó, mediante análisis técnicos, la existencia de contaminación en el agua. Aun así, el 20 de marzo la Secretaría de Salud estatal minimizó la contaminación detectada. La presión política derivó, finalmente, en el cambio de director del SIAPA el 23 de marzo.
Iniciativas legislativas y un problema que persiste
En abril de 2026, como respuesta a la presión social y mediática, se presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa conocida como “Sin agua limpia, no hay pago”, que busca establecer mecanismos de compensación para los usuarios afectados por el servicio deficiente.
No obstante, para junio de 2026 la crisis seguía sin resolverse: persisten los reportes de agua con sedimentos, mal olor y presencia de larvas en distintos puntos de la metrópoli, mientras se ha documentado una evasión sistemática de comparecencias y rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables del organismo operador.
Es en este contexto donde se inserta el pronunciamiento de Marta Arizmendi, quien desde su trinchera legislativa ha insistido en que el conflicto ya no admite explicaciones institucionales, sino acciones concretas que garanticen a las familias tonaltecas y de todo el AMG el acceso a agua potable en condiciones dignas.
Mientras el organismo operador y las autoridades estatales enfrentan el escrutinio público y legislativo, miles de hogares en Tonalá continúan reportando la misma problemática que ha marcado los últimos meses: agua que llega a sus casas sin las condiciones mínimas de calidad, y una exigencia ciudadana que, como resumió la diputada, se ha vuelto una sola: que el derecho al agua deje de ser, en los hechos, un privilegio.
