El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, se pronunció en contra del aumento a las tarifas del agua aprobado por la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), que contempla incrementos que van del 44 al 200 por ciento. Lo hizo a través de sus redes sociales, dejando claro que mientras el organismo no se reforme, Tonalá no avalará ningún aumento.
“De todos es sabido que es un verdadero desastre administrativo y operativo el Siapa. Lo que hoy están proponiendo de subir las tarifas del agua entre un 44 y hasta 200 por ciento no tiene razón. Se los adelanto: en Tonalá vamos en contra”, advirtió.
El alcalde también señaló que “ni un peso más al Siapa hasta que saquen la mano todos los políticos”, y exigió que el organismo sea manejado por técnicos que realmente garanticen un servicio digno para la ciudadanía.
La postura de Tonalá se suma a la inconformidad de otros municipios afectados por el mal servicio del Siapa, entre ellos Tlaquepaque, donde la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, solicitó al Congreso del Estado descuentos en las colonias donde el servicio de agua es deficiente.
En Tonalá, miles de familias enfrentan constantes cortes de agua y baja presión en sus colonias, mientras el organismo operador sigue acumulando quejas por fugas, falta de mantenimiento y cobros excesivos por un servicio que no se presta de forma adecuada. A pesar de esto, ahora se busca cargar nuevamente a los ciudadanos el costo de su ineficiencia.
El alcalde anunció que Tonalá, junto con los municipios de El Salto, Juanacatlán y Tlaquepaque, fijará una postura conjunta frente al “mega tarifazo”, en defensa de los ciudadanos que, en lugar de recibir un servicio digno de agua, padecen la falta de infraestructura, fugas sin atender y un Siapa que se encuentra, como lo señaló Chávez, en completo abandono.
La propuesta de aumento aún necesita el aval de los municipios adheridos al organismo y del Congreso de Jalisco, pero el rechazo de Tonalá marca un primer freno a una medida que pretende imponer mayores cargas a los ciudadanos sin que antes se rinda cuentas sobre el mal manejo de este servicio esencial.
