Tonalá, Jalisco.– Lo que comenzó hace más de cuatro décadas como una infraestructura necesaria para el abastecimiento ganadero local, ha concluido en una crisis política y mediática de la actual administración municipal. En un desenlace intempestivo ocurrido la madrugada de ayer, sábado 13 de junio, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, anunció la cancelación definitiva del proyecto de Asociación Público-Privada (APP) para la construcción del nuevo rastro municipal y el redireccionamiento de los 35 millones de pesos presupuestados para la obra en este año 2026. La decisión llega tras una andanada de críticas y graves señalamientos que vinculan directamente a hermanos del primer edil con la empresa privada originalmente beneficiada.
El origen: 40 años de contaminación en el corazón de la Cuna Alfarera
Para entender la magnitud del conflicto, es necesario remontarse a 1984, año en que se construyó y puso en marcha el rastro municipal en la zona centro de Tonalá. En aquellos momentos, las instalaciones operaban en una periferia desahogada; sin embargo, el acelerado crecimiento demográfico terminó por absorber por completo el matadero, dejándolo rodeado de zonas habitacionales y viviendas de ciudadanos tonaltecas.
Durante décadas, los vecinos del centro padecieron una problemática de salud pública que fue escalando severamente debido a la obsolescencia y la absoluta falta de infraestructura para limpiar el agua y tratar los esquilmos de la matanza. De manera recurrente, se denunció cómo los desechos biológicos (sangre y vísceras) eran arrojados crudos directamente a la red de drenaje municipal y a los arroyos cercanos, provocando olores fétidos insoportables, proliferación de plagas e infecciones. Las protestas vecinales contaron además con el respaldo activo de estudiantes de la Preparatoria de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, ubicada a solo unos metros de las instalaciones, quienes debían tomar clases bajo condiciones insalubres.
La estocada ambiental: Los detalles de la clausura de Proepa
El acumulado de irregularidades ambientales y la insostenible presión social obligaron a la intervención de las autoridades estatales. En agosto de 2023, personal operativo de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), en una inspección encabezada por su titular Diana Catalina Padilla Martínez y el Director Operativo Ambiental Carlos Alberto Sánchez López, ejecutó una clausura total temporal al rastro municipal tras constatar graves anomalías:
- El rastro no contaba con registro como gran generador ni con un plan de manejo registrado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para sus residuos de manejo especial.
- No demostró tener contratada una empresa autorizada por la Semadet para la recolección de residuos, ni exhibió comprobantes de su disposición final en sitios autorizados.
- Carecía de bitácoras para registrar el volumen y tipo de residuos, violando la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007-2008.
- Descargaba indebidamente residuos sin tratamiento a las redes de drenaje, específicamente sangre y vísceras, escurrimientos que se agudizaban notablemente con las lluvias en las calles.
- Adicionalmente, el sitio no contaba con licencia de operación ni uso de suelo autorizado por el propio municipio, lo que motivó que las autoridades de inspección y vigilancia de Tonalá ejecutaran una clausura municipal simultánea.
Del cierre definitivo a la propuesta de la APP
Ante la imposibilidad técnica de subsanar los daños en el centro histórico, el pleno del Ayuntamiento de Tonalá respaldó por unanimidad el cierre definitivo de dicho espacio en enero de 2024.
Posteriormente, para atender las demandas del sector ganadero —quienes acusaban afectaciones económicas por prácticas informales y riesgos sanitarios en la cadena de consumo, representados por Joel Antonio Rostro Rosales de la Unión Ganadera Local—, se buscó un nuevo modelo. En marzo de este año 2026, la diputada local Valeria Ávila, acompañada por legisladores de distintas fuerzas políticas como Tonatiuh Bravo, Miguel de la Rosa, José Luis Tostado y Sergio Martín, sostuvieron encuentros para impulsar una infraestructura digna y coordinar los trabajos legislativos que dieran certeza a los consumidores y productores. El camino elegido por el Ayuntamiento fue una propuesta bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).
Conflicto de interés y el “El Potrero Negro”
El proyecto, sin embargo, quedó bajo cuestionamientos luego de que investigaciones periodísticas, destacando el trabajo del reportero José Toral en el diario NTR y el seguimiento del diario Mural, destaparan presuntos actos de corrupción. Esto llevó a la diputada de Movimiento Ciudadano, Montse Pérez Cisneros, a presentar un exhorto formal ante el Pleno de la LXIV Legislatura del Congreso de Jalisco para frenar el proyecto.
La legisladora detalló que una investigación documental permitió identificar que entre los accionistas originales de la empresa Valor de Alimentos Cárnicos, S.A. de C.V. figuraban tres hermanos del alcalde Sergio Chávez Dávalos, configurando un evidente conflicto de interés conforme a la legislación en la materia.
Además, se cuestionó severamente la valuación del predio denominado “El Potrero Negro”, aportado por la empresa privada. Según los documentos exhibidos en el Congreso, el terreno tenía un registro de valor de apenas 2.7 millones de pesos en abril de 2024; sin embargo, en la propuesta de coinversión entregada al Ayuntamiento apareció valuado en 24.8 millones de pesos, una diferencia superior a los 22 millones de pesos que carece de justificación técnica conocida. El exhorto de la oposición exigió un avalúo independiente, la composición accionaria vigente, justificar por qué la aportación municipal subió sospechosamente de 18 a 35 millones de pesos y una declaración pública de ausencia de conflicto de interés. “Es un acto de corrupción que se está confabulando, pero ninguno de nosotros puede ser cómplice”, sentenció Pérez Cisneros.
El colapso en redes y la reacción de Sergio Chávez: Cancelación y amago legal
La exposición del caso en los diarios locales desató este mes una andanada masiva de críticas en plataformas digitales. Los señalamientos sobre el tema en redes sociales generaron un costo político para la administración municipal, forzando a los partidos de oposición y a actores locales afines a Movimiento Ciudadano a emitir críticas.
Ante la presión digital, el presidente municipal Sergio Chávez emitió un mensaje en sus redes oficiales la madrugada de ayer, sábado 13 de junio, confirmado horas después en un boletín de prensa del gobierno de Tonalá, donde anunció la cancelación total de la APP y el redireccionamiento de los 35 millones de pesos presupuestados para este año 2026.
Chávez Dávalos argumentó que su decisión obedece a que el proyecto productivo fue “secuestrado por intereses y ambiciones políticas” ajenas al bienestar social. “Cuando los proyectos de gobierno los mezclan con hambre política y sed de poder, ahí ya no hay nada que hacer”, sentenció el mandatario, calificando el asunto como un “circo armado con tintes político-futuristas”.
Para frenar los señalamientos, el edil adelantó que mañana lunes se presentará de forma voluntaria ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Jalisco para entregar toda la documentación institucional y facilitar la investigación. Asimismo, defendió la integridad de su familia: “Su conciencia como la mía están en paz y tranquilas. Ellos nunca están, ni estuvieron, ni tienen la necesidad de involucrarse en temas de gobierno”.
Con la cancelación de la obra, Tonalá mantiene su añeja carencia de una infraestructura de matanza digna y salubre, mientras que la discusión pública se traslada ahora al terreno judicial y a la fiscalización anticorrupción del estado.
