A seis años del último incremento a la tarifa del transporte público, este día el Comité Técnico Tarifario analizará una actualización que llevaría el costo real del viaje a 14 pesos en el Tren Ligero, Macrobús y camiones. De aprobarse, el usuario pagaría 11 pesos, mientras que el resto sería cubierto mediante un llamado “subsidio” gubernamental. En los hechos, el pasaje subiría de 9.50 a 11 pesos, de acuerdo con información publicada por el diario Mural.

El anuncio reaviva un debate histórico en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En 2019, tras varios años sin modificaciones, la tarifa pasó de 7 a 9.50 pesos bajo el argumento de mejorar el servicio y renovar unidades. Sin embargo, seis años después, las promesas siguen sin cumplirse plenamente y el sistema de transporte continúa acumulando quejas por su baja calidad, particularmente en municipios periféricos como Tonalá.
El “subsidio”: dinero público que también paga la ciudadanía
Aunque el gobierno estatal insiste en que el aumento no recaerá totalmente en el usuario gracias al subsidio, especialistas y organizaciones sociales señalan que este apoyo no es dinero extra, sino recursos públicos provenientes de los impuestos de la misma ciudadanía. En otras palabras, el usuario paga dos veces: una en el pasaje y otra vía el presupuesto estatal.
A lo largo de los últimos años, millones de pesos han sido destinados a mantener congelada la tarifa o a cubrir la llamada “tarifa técnica”, sin que esto se refleje en mejoras visibles y generalizadas en el servicio. Las unidades viejas, la saturación, los retrasos y la mala planeación de rutas siguen siendo parte del día a día de miles de usuarios.
Las “alcancías rateras”: 50 centavos que nunca regresan
A este escenario se suma un tema que ha generado molestia e indignación social: el de las “alcancías rateras”. Durante años, miles de usuarios han pagado su pasaje en efectivo con monedas de 10 pesos, recibiendo ningún cambio por los 50 centavos que exceden la tarifa vigente de 9.50 pesos.
Ese dinero, que no se devuelve al usuario, se ha acumulado en cantidades millonarias. Sin embargo, no existe una explicación clara, pública y detallada sobre el destino de esos recursos, ni un mecanismo que garantice que realmente se utilicen para mejorar el transporte. Para la ciudadanía, se trata de un cobro silencioso, constante y obligatorio que nunca fue consultado ni transparentado.
Este mecanismo ha sido señalado como un desvío indirecto de recursos, pues al final representa dinero que sale del bolsillo de quienes menos tienen y dependen diariamente del transporte público.
Tonalá: pagar más por un servicio que no mejora
En Tonalá, el descontento es mayor. Usuarios denuncian largos tiempos de espera, unidades en mal estado, rutas insuficientes y una conectividad deficiente con otros puntos de la metrópoli. Para muchas colonias, el transporte público no solo es caro en proporción a la calidad, sino también ineficiente y poco confiable.
A pesar de los anuncios oficiales sobre modernización y sistemas de prepago, gran parte de los usuarios sigue pagando en efectivo, quedando expuesta a las alcancías que no dan cambio y a un sistema que parece diseñado más para recaudar que para servir.
Un tema recurrente con fines políticos
El aumento a la tarifa del transporte público ha sido históricamente un tema político, utilizado por los gobiernos estatales en turno para proyectar control, sensibilidad social o supuesta responsabilidad financiera. Congelar tarifas, anunciar subsidios o postergar incrementos se ha convertido en una estrategia recurrente, mientras los problemas estructurales del sistema permanecen intactos.
Hoy, el nuevo ajuste vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿por qué se pide pagar más —directa o indirectamente— por un servicio que no mejora? Mientras no exista transparencia total sobre el uso del dinero público, el destino de los excedentes de las alcancías y un plan real de mejora, el aumento al pasaje seguirá siendo visto como una carga más para la ciudadanía, especialmente para quienes, como en Tonalá, dependen del transporte público para sobrevivir.

