Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco
Durante varios días hemos atestiguado hechos históricos en nuestro país. Hemos visto a dos senadores con un estatus distinto a sus otros 126 homólogos golpeándose después de cantar el himno nacional. Uno de ellos, Alejandro -Alito- Moreno, líder nacional del PRI y el otro, Gerardo Fernández Noroña, hasta el lunes de esta semana, presidente del Senado de la República.
Luego de esos actos reprobables, el Senador Fernández Noroña adelantó que denunciaría penalmente y convocó a una sesión dos días después, aun cuando ya se había cerrado formalmente el periodo de la comisión permanente. Ni el PAN ni Movimiento Ciudadano acudieron al citatorio para el viernes pasado.
La fracción Parlamentaria del PAN en el Congreso de la Unión emitió un comunicado explicando las razones por las que no acudirían. Entre otros, señalaron que el periodo de sesiones había estado marcado por el autoritarismo donde se había “debilitado el papel de la Comisión Permanente como espacio plural de deliberación democrática” y fueron tajantes al manifestar que (cito): “El senador Gerardo Fernández Noroña es corresponsable de lo ocurrido en la sesión del miércoles, al llevar una conducción parcial y provocadora. Por ello, debe asumir su responsabilidad en los hechos que vulneraron el orden parlamentario.” (fin de la cita)
Por su parte, el PRI participó en la sesión del viernes, que solo sirvió para extender las descalificaciones e insultos entre legisladores y fracciones parlamentarias, así como para aprobar un pronunciamiento en contra de la agresión sufrida a Gerardo Fernández Noroña.
Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum se sumó a la polémica tomando partido y, en lugar de llamar a la mesura, criticó al inexcusable acto de Alito Moreno contra Fernández Noroña y lo asemejó al actuar de los porros universitarios de la UNAM. Lamentablemente, casi transcurrió una semana para que, el día de ayer, la titular del Poder Ejecutivo Federal llamara a la no violencia, recordando que los poderes legislativos son espacios de diálogo. Esto, luego de que el gobernador de Coahuila declarara que Fernández Noroña se merecía el golpe.
Para terminar con el Poder Legislativo federal, tras el irrespeto en la Cámara de Diputados para trasladar la presidencia de la mesa directiva al PAN y mantenerse en MORENA, se aprovechó para recibir el primer informe de la Presidencia de la República, del cual mucho se ha hablado tanto de lo que contiene y de lo que dolorosamente dejó fuera como la situación de desapariciones, el aumento de las extorsiones, el desabasto de medicamentos y servicios de salud, y otros desafíos que enfrenta el país.
Finalmente, se acordó que Kenia López Rabadán asuma la presidencia de la Cámara de Diputados, quien deberá lograr un diálogo respetuoso y plural entre todas las fracciones, y avanzar acuerdos que beneficien a la Nación. Sin duda alguna, los ojos estarán puestos en su comportamiento y mesura porque en más de una ocasión ella misma se enfrascó en debates acalorados y lanzó fuertes críticas siendo senadora de la República.
Por otra parte,vimos la toma de protesta en el Senado, finalizada la madrugada del martes, de los nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validados en controversiales decisiones judiciales y de 875 de los 881 los jueces y magistrados federales electos en junio pasado, aun cuando algunos se habían presentado amparos para que los nuevos juzgadores no asumieran sus cargos que, como funcionarios judiciales aún tenían.
Los ministros participaron en una ceremonia tradicional de purificación y entrega de bastones de mando de pueblos originarios de Iztapalapa y se invocó a la “madrecita Tonantzin” y a “Quetzalcóatl, gran dador de vida”.
El mismo martes rindieron protesta los magistrados electorales y los cinco integrantes del nuevo tribunal de disciplina judicial.
Eso es lo que vimos. ¿Qué no hemos visto o escuchado? Los resultados de elecciones de jueces y magistrados locales de las 19 entidades de la República que son los más cercanos a las personas (por ejemplo, juzgan casos civiles, mercantiles, penales o familiares) o la renuncia, la semana pasada, de Taissia Cruz Parcero a cargo del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Con delegaciones en cada una de las entidades federativas y un personal de 3,097 personas servidoras públicas (846 de las cuales son defensoras públicas y 315 asesoras jurídicas), el Instituto ha logrado consolidarse como una institución comprometida, seria, profesional, autónoma, al servicio de quienes menos tienen y eso debe continuar.
Sobre todo, en algunos sucesos no hemos visto civilidad, diálogo, humildad, reconocimiento de errores y respeto. Los tres poderes de la Unión tienen un gran reto para responder de una manera distinta. Es lo menos que nos merecemos como ciudadanía y es su obligación como servidores públicos.
