Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
Antes que nada, en este día nacional de la protección civil, espero que todas las personas podamos colaborar y participar en los simulacros que se organizarán en todo el país. En esa línea, también me gustaría reconocer y agradecer todo el esfuerzo que ponen las autoridades, voluntarios y brigadistas, durante todo el año, para protegernos y alertarnos de todo tipo de emergencias. Personas que ponen en riesgo su vida por la nuestra.
Y es que no siempre tenemos esos tipos de funcionarios y funcionarias públicas. Un ejemplo es lo que ha hecho, desde que fue nombrada el 16 de noviembre de 2019, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.
Seguramente recordamos la lamentable escena en la que, a gritos y empujones, se tomó la protesta de la que sería la titular del organismo nacional de derechos humanos por cinco años. Y es que había razones para exigir que no tuviera esa investidura.
La primera razón era un impedimento legal para postularse. Me explico: la hija de doña Rosario Ibarra de Piedra era directiva del partido Morena y el artículo 9 de la Ley de la CNDH establece que la persona candidata no debe haber desempeñado algún “cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”. Como trascendió en medios de comunicación, Rosario Piedra seguía siendo “secretaria de derechos humanos del Comité Ejecutivo Nacional del partido, al que no había renunciado como militante hasta el día de su elección.”
Otra razón por la cual no debió haber sido electa era una cuestión de procedimiento en el Senado, instancia a cargo de la elección. La Ley de la CNDH señala que, en caso de que no se logren las dos terceras partes de las y los senadores presentes en la votación, “la comisión o comisiones correspondientes deberán presentar una nueva terna, tantas veces como sea necesario para alcanzar la votación requerida.” En este caso, las comisiones senatoriales responsables eran las de derechos humanos y justicia.
El Senado tuvo que hacer varias votaciones porque no se lograba la mayoría requerida por ley. El problema es que Rosario Piedra seguía estando en las ternas, contrario a lo que dice la normativa: las ternas deberían ser compuestas por nuevas personas candidatas.
Aunado a ello, en uno de los actos más dramáticos en la cámara alta del Congreso de la Unión, hubo serias dudas sobre el número de votos a favor de Rosario Piedra. Las quejas en el recinto legislativo se desoyeron y así es como una mujer cercana al partido gobernante llegó a la presidencia de la CNDH.
Tristemente, las dudas resultaron ser ciertas. Hemos visto a una presidenta que no ha logrado construir un equipo profesional y serio al interior de la Comisión (de hecho, al no haber nombrado en cinco años a titulares en puestos claves como las visitadurías, sigue habiendo encargadurías de despacho). Una Comisión que deja de pronunciarse sobre temas más preocupantes en el país como las desapariciones, la militarización, la tortura, el desplazamiento forzado de personas o los atentados contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Una Comisión que, lejos de proteger, ataca a quienes se oponen a los megaproyectos de desarrollo impulsados por el presidente López Obrador; y así podríamos continuar dando ejemplos sobre la manera en la que se ha erosionado esta institución que se hace llamar la “defensora del pueblo”.
Ese es el contexto en el que en esta semana la CNDH emitió un larguísimo comunicado de prensa de 16 páginas informando que no usaría su facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial recién aprobada y publicada. Evidentemente, tampoco lo hará contra las demás reformas que vienen en el paquete presentado por el presidente López Obrador y que, vistos en su conjunto (y salvo excepciones) es muy preocupante por la propuesta de militarizar la seguridad pública y acabar con algunos órganos autónomos.
Y también es el contexto en el que ayer, organizaciones de la sociedad civil convocaron a una rueda de prensa y leyeron un comunicado en el que instan al Senado a brindar “garantías para un proceso de designación abierto y participativo, conforme a los estándares internacionales en la materia; que dialogue con [diferentes actores…] para llegar a la designación de una persona con el perfil idóneo, independiente y con amplio respaldo del movimiento de derechos humanos.”
Y es que las organizaciones recuerdan que esta instancia (que, para este año cuenta con un presupuesto de 1,722,143,661.00 pesos) debe ser un genuino contrapeso al poder y un protector de los derechos humanos de la población.
En definitiva, México necesita instituciones fuertes y el Senado debe estar a la altura.
* Directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ)
