Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
Hace dos semanas, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU publicó sus observaciones finales, que es el documento que sintetiza las recomendaciones hechas al Estado mexicano para que cumpla con las obligaciones previstas en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Este proceso de supervisión incluye la revisión previa del Comité tanto del informe del Estado como de la información adicional que presentan organizaciones de la sociedad civil, víctimas y otras instancias de derechos humanos. Luego habrá un diálogo presencial entre el Comité y la delegación estatal y se finaliza con la emisión de las observaciones finales.
Quisiera compartir algunas de las consideraciones de este proceso y de sus resultados.
Lo primero es recordar que no es la primera ocasión en que el Comité somete a un proceso de revisión a México y tampoco lo es que emita observaciones finales respecto de nuestro país. A la fecha, ese órgano internacional ha emitido 2 informes de observaciones finales; 2 informes de seguimiento; y otro más a partir de la visita que hicieron varios de sus integrantes a diferentes lugares de México a finales de 2021.
Lo segundo es mencionar que, la primera preocupación que expresa el Comité es sobre “la persistencia de una situación generalizada de desapariciones” en México y la desatención, por parte de las autoridades correspondientes, a problemáticas que se han repetido año con año y, en ocasiones, se han agudizado. Por ello, en este último informe el Comité reitera varias recomendaciones emitidas previamente y pone especial atención a la falta de coordinación, cooperación y recursos de las entidades a cargo de la atención, búsqueda, identificación, investigación y prevención de las desapariciones.
El informe aborda los siguientes temas:
- La Política Nacional de Prevención y Erradicación de Desapariciones, respecto de la cual el Comité lamentó la inexistencia de la misma y expresó su preocupación particularmente por el “enfoque de militarización de la seguridad pública” adoptado por el gobierno.
- El mantenimiento de los obstáculos estructurales que siguen posibilitando la impunidad, como son: la falta de priorización de los casos de desaparición, la fragmentación de investigaciones, la deficiente investigación de los hechos y la falta de capacidades de las fiscalías, y la ausencia de recursos suficientes, así como personal capacitado y especializado que también se coordine con otras instituciones.
- Como consecuencia de ello, se reiteró la inquietud por “los bajos índices de judicialización de los casos de desaparición forzada y la persistencia del formalismo procesal”.
- La ausencia de instancias de análisis de contexto en las fiscalías y la poca cantidad de documentos elaborados, así como la tardanza en su emisión.
- La falta de resultados positivos en los casos de desapariciones de larga data, es decir, las cometidas particularmente durante el periodo de la Guerra Sucia.
- La falta de cumplimiento adecuado de las obligaciones de buscar e investigar, respecto de lo cual el Comité se mostró preocupado por el hecho de que “los familiares y allegados de las personas desaparecidas en general continúan encargándose de la búsqueda (en campo y en vida) e investigación que le competen al Estado.” Asimismo, “por las dificultades de acceso de los familiares y representantes de las víctimas a los expedientes de investigación, y por alegaciones recibidas sobre el cierre paulatino de espacios de participación de las víctimas en asuntos que les conciernen”.
- En lo respectivo a la búsqueda, el Comité recomendó al Estado mexicano a fortalecer las comisiones de búsqueda, adoptar programas de búsqueda, poner en marcha y afinar los bancos de datos, así como los registros de personas desaparecidas.
- Atender las desapariciones en el contexto migratorio, cumplir con las acciones urgentes adoptadas por el Comité, fortalecer los mecanismos que protejan a las familias, sus representantes y servidores públicos, así como apoyar efectivamente a las víctimas.
- Por supuesto, no podría faltar la preocupación del Comité por la crisis forense en México y de la ineficacia del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Un dato alarmante analizado por el Comité es que “el 89% de los 53,347 cuerpos o restos humanos almacenados en anfiteatros, laboratorios y centros de resguardo forense no se identificó durante el año 2022”.
Finalmente, Jalisco, junto con el Estado de México, Tamaulipas y Guerrero, son las entidades con los registros más altos de desaparición de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
Seguramente, nada de incluido en el informe en comento sorprende. Precisamente porque el diagnóstico es claro y se mantiene, es que urge adoptar las recomendaciones emitidas por el Comité, garantizando siempre la participación de las víctimas.
* Directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” del ITESO
