La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en las obras públicas realizadas en 2021 por el Ayuntamiento de Tonalá, observaciones que parecen ser sólo la punta del iceberg de una trama de corrupción más grande.
El organismo detectó 13 contratos que se firmaron para realizar, en realidad, solo seis obras públicas.
La ley marca un monto máximo de un millón 792 mil pesos para hacer adjudicaciones directas. A partir de esa cifra la autoridad está obligada a realizar una licitación donde cualquier constructora pueda concursar para ofrecer su servicio y ganar el contrato.
Para burlar esa obligación legal, el gobierno municipal simuló más obras, para que cada contrato fuera por una cantidad inferior y así poder contratar a la empresa de su elección de forma discrecional.
Con esta irregularidad, el municipio dejó de buscar quién le ofrecía mejor precio, calidad, financiamiento y oportunidad, sino que benefició a las empresas de su elección.
Hasta ahí llegó la observación de la dependencia federal respecto a las irregularidades municipales.
A partir de ese dato, en este diario comenzamos a “jalar el hilo” y descubrimos una aparente red de corrupción.
Recordemos que durante 2021 hubo dos administraciones: la saliente de Movimiento Ciudadano, encabezada por Juan Antonio González Mora, y la entrante de Morena, con el actual alcalde, Sergio Armando Chávez Dávalos. En las dos hubo irregularidades similares.
Lo curioso es que el gobierno morenista apenas abarcó octubre, noviembre y diciembre.
Solo tres meses del arranque de una administración y ya carga con señalamientos de una auditoría.
Comenzamos a revisar qué empresas se vieron beneficiadas con esta irregularidad de fraccionar obras para evitar licitaciones, adelantándonos hasta 2022.
Comenzamos a cruzar datos y encontramos en total siete empresas que se han beneficiado de adjudicaciones directas irregulares en la actual administración y que están ligadas entre sí.
El vínculo más notorio es que todas son representadas por el mismo apoderado legal: Roberto Carlos Valenzuela Peña.
Pero hay más coincidencias, como estar constituidas recientemente –incluso unos cuantos meses antes de empezar a recibir contratos–, compartir gerentes generales, domicilios o notarías donde fueron creadas.
De contrato en contrato, estas empresas han obtenido 63 por ciento de toda la inversión pública de la administración morenista de Tonalá. Es decir, la mayor parte de las obras han sido adjudicadas de forma irregular a esta red.
¿Por qué estas ilegalidades administrativas tendrían que preocupar a la gente de a pie en Tonalá?
Porque se está utilizando mal el poco recurso disponible para hacer obras públicas, como empedrar calles o introducir drenaje en uno de los municipios más rezagados en servicios públicos del Área Metropolitana de Guadalajara.
Si los más de 80 millones de pesos que en poco más de un año ha entregado el gobierno municipal a estas siete empresas se hubieran invertido en un esquema como marca la ley, se hubieran podido conseguir mejores precios y calidad en los trabajos.
Eso quiere decir que, en lugar de intervenir una calle, quizás se pudieron arreglar dos. O se pudieron usar materiales de mejor calidad o aprovechar para meter luminarias o ese recurso destinarlo a más patrullas, por poner sólo algunos ejemplos.
Sobre esta aparente red de complicidades entre funcionarios públicos de Tonalá y empresas constructoras, todavía queda mucho por investigar tanto periodísticamente como por parte de los organismos encargados de sancionar irregularidades.
A esta situación se suma lo expresado por el arquitecto Carlos E. Martínez, quien respecto a este tema compartió que: “El reportaje de @NTRGuadalajara pone de manifiesto una red de constructoras que además de lo manifestado hay una serie de datos que vale la pena investigar, Construcciones Exalk , Construcciones Fortua y Construedro de Occidente tienen diferentes representantes legales pero comparten al mismo residente segun los contratos al Arq. José Arnulfo López Galindo, que no tiene cedula profesional.
Aketlan Construcciones y Eunoya Construcciones, tienen diferentes representantes legales pero comparten al mismo residente, arquitecto Enrique Rodríguez Aguirre, también sin cédula profesional.
Constructora Ekvara y Constructora Onkel, diferentes representantes legales pero son los mismos residentes y superintendentes residente, el ingeniero Luis Alberto Salgado Burgos y superintendente, ingeniero Luis Alfredo Jordán López.
Lo curioso es que en todos los caso los representantes legales aparentemente no tienen ningún perfil público en ningún tipo de redes tanto de negocios como sociales.
Alberta Blanca Acatecatl Colohua (sin profesión aparentemente) representante legal de Ekvara, aparentemente es una persona mayor de 65 años que recibe apoyo para pasajes del transporte público según el padrón de beneficiarios del Gobierno del Estado, recibió de julio a diciembre 1,332.25 pesos.
Los gobiernos municipales fueron omisos en permitir la firma de contratos y la ejecución de las obras por residentes sin cédula profesional contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley de Profesiones, donde son coadyuvantes de la ley. @sonia_ssi”. Hasta aquí la opinión del arquitecto Martínez.
Ojalá todo el Sistema Estatal Anticorrupción se involucre y empiece a detectar esquemas de desvío de recursos, similares al de Tonalá, que pudieran estar siendo utilizados en otras dependencias.
Por: José Toral. Diario NTR. 02.01.2023
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=192135
