La crisis medio ambiental que se vive en Tonalá derivada de la operación irregular de los tiraderos de basura metropolitanos en Los Laureles, en los limites con el Salto y Matatlán en Coyula, han llegado al límite.
Esta semana personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, se hicieron presentes para solicitar el cumplimiento de las normas ambientales en el tiradero de Los Laureles, operado por la empresa Caabsa Eagle, desde hace más de dos décadas.
Recordemos que, en el año 2019, en este tiradero de los Laureles, se desató un incendio en el que se consumieron miles de toneladas de basura, por ocho días, sin que los bomberos metropolitanos pudieron apagarlo y como consecuencia se presentó una contingencia atmosférica en la ciudad que afectó a miles de personas.
Ante este grave hecho, se le impuso una multa a la empresa Caabsa, pero lejos de que el Gobierno de Jalisco actuara de manera estricta y definitiva ante las omisiones de la empresa en la operación del tiradero, se sentaron a negociar con la empresa para seguir adelante.
Ante la presión social, el gobierno estatal, aceptó el cierre definitivo del basurero más grande y mal manejado de Jalisco, para finales del año 2020, la Secretaría de Medio Ambiente, avaló el Plan de Cierre, Rehabilitación y Abandono del basurero Los Laureles, que fijaba acciones a terminar en junio 2022.
El tiempo pasó y en junio de este año, se reportó apenas un 27 por ciento de cumplimiento global de las acciones de mitigación, ni la tercera parte se había cumplido del plan para remediar ambientalmente el basurero, necesario para comenzar la etapa de monitoreo y mantenimiento por dos décadas más.
Es evidente el incumplimiento de Caabsa Eagle, que ya fuera de plazo, al corte de agosto, reportó apenas en 32% de cumplimiento en el manejo del basurero. Fuertes retrasos en control del biogás, manejo de lixiviados y cobertura de la basura, todo con el consentimiento de la autoridad ambiental estatal, quienes no han realizado acciones para obligar a la empresa a cumplir con su obligación.
Ante tal situación, entra al quite la federación, a través de la Profepa, vecinos y autoridades locales esperan, que ahora si se aplique la norma ambiental o si es más fuerte el poder económico y político acumulado por Caabsa desde 1994, gracias a más de mil millones de pesos públicos anuales que recibe.
Esta situación se suma a la clausura por parte de la autoridad federal del tiradero de Matatlán, operado por esta misma empresa.
Finalizamos esta información, puntualizando, que el hecho de que no se permita más el uso de estos dos espacios, no condiciona la prestación del servicio de recolección de basura por parte de la empresa Caabsa, que tiene lugares en los que podría depositar los residuos de los tonaltecas.
Como lo ha hecho durante años, Caabsa, toma de pretexto su relación con el Ayuntamiento de Tonalá, para dejar sin servicio a los ciudadanos y así presionar y obtener sus ganancias a costa del perjuicio de todos.
Serán días de mucha presión social, la basura está por todas las calles del municipio, y si bien los tiraderos están clausurados, la empresa si tiene alternativas para cumplir.
Es momento en que el gobernador tome de manera seria el tema y deje a un lado los millonarios acuerdos que se tienen con esta empresa y de una vez por todas se vea por la salud y el medio ambiente, antes que por los negocios.
Tonalá de Hoy. 04.12.2022
Marcos Arana Barba
