El Ayuntamiento de Tonalá deberá definir una alternativa para reanudar la prestación del servicio público de rastro, luego de una sentencia de amparo promovida por Carnes Seleccionadas Tonaltecas Sociedad Cooperativa.
El tema fue abordado este miércoles durante la sesión de Ayuntamiento, donde el presidente municipal Sergio Chávez Dávalos presentó una iniciativa para que el gobierno municipal implemente las acciones jurídicas, administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para cumplir con la resolución judicial.
La propuesta fue turnada a las comisiones conjuntas de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal; Servicios Públicos Municipales; y Hacienda Municipal y Presupuesto, que deberán analizar las alternativas y presentar el dictamen correspondiente.
Tres años sin rastro municipal
El servicio quedó interrumpido luego de que, en agosto de 2023, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente clausurara el antiguo Rastro Municipal de Tonalá por diversas irregularidades ambientales, entre ellas el manejo inadecuado de residuos y descargas.
En enero de 2024, el Ayuntamiento determinó el cierre definitivo de las instalaciones, por lo que desde entonces el municipio no cuenta con un rastro propio en operación.
La administración de Sergio Chávez buscó posteriormente construir un nuevo rastro mediante un esquema de Asociación Público-Privada. El proyecto generó una fuerte polémica política y terminó siendo retirado por el propio Ayuntamiento, después de que surgieran cuestionamientos en el Congreso de Jalisco sobre su viabilidad y sobre posibles conflictos de interés relacionados con una de las empresas involucradas.
Un nuevo escenario jurídico
La sentencia de amparo modifica nuevamente el escenario. De acuerdo con lo informado durante la sesión, el órgano jurisdiccional concedió la protección constitucional a Carnes Seleccionadas Tonaltecas y ordenó restituir el derecho reclamado.
La resolución obliga al municipio a buscar una alternativa para garantizar nuevamente el servicio, aunque no implica la reapertura del antiguo rastro, que fue clausurado de manera definitiva.
Las comisiones deberán determinar qué opción resulta jurídicamente viable y técnicamente adecuada, considerando la sentencia federal, las disposiciones sanitarias y ambientales, así como las determinaciones emitidas por el Congreso del Estado.
El caso se suma a la confrontación política que en los últimos meses han mantenido el alcalde morenista Sergio Chávez y el gobernador emecista Pablo Lemus, particularmente por el proyecto del nuevo rastro y la participación del Gobierno del Estado en su revisión.
Ahora, el Ayuntamiento tendrá que encontrar una solución que permita recuperar la prestación de este servicio público, después de tres años de cierre y de una disputa que ha involucrado a autoridades municipales, estatales, legisladores y representantes del sector cárnico.
