La diputada federal por el Distrito 7 de Tonalá, Claudia García Hernández, informó que votó a favor de la reforma constitucional propuesta por la presidente Claudia Sheinbaum para establecer el requisito de nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
“La soberanía de México no se negocia”, señaló la legisladora de Morena, quien justificó su voto al considerar que la medida busca garantizar que quienes ocupen los principales cargos ejecutivos del país tengan una lealtad plena hacia México.
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. La propuesta establece que quienes aspiren a esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad al momento de solicitar su registro. En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella previamente.
Además, una vez en el cargo, no podrían adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad expedidos por otro país, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni solicitar protección diplomática extranjera.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma en lo general y en lo particular. En la votación de los artículos no reservados hubo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención; posteriormente, los artículos reservados fueron aprobados con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. El proyecto fue turnado al Senado, donde continúa su proceso legislativo.
¿Qué tiene que ver con Tonalá?
Para los habitantes de Tonalá, el efecto de esta reforma sería principalmente político y de largo plazo, no una modificación directa a los servicios públicos, al presupuesto municipal, al agua, la seguridad, la movilidad o la infraestructura de la ciudad.
La reforma tampoco establece nuevas obligaciones para el Ayuntamiento de Tonalá ni modifica las reglas para elegir al presidente municipal. Su alcance se concentra en quienes pretendan ocupar la Presidencia de México, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con el régimen transitorio aprobado por los diputados, las nuevas disposiciones están planteadas para aplicarse a partir del proceso electoral de 2027, aunque todavía falta que el Senado analice y, en su caso, apruebe la reforma para que pueda concluir el procedimiento constitucional.
Por ello, para un ciudadano de Tonalá, el beneficio o perjuicio concreto no se refleja de manera inmediata en su vida cotidiana. La discusión está relacionada con los requisitos para acceder a los cargos ejecutivos de mayor responsabilidad del país y de los estados.
El argumento del Gobierno federal y de quienes respaldan la reforma es que una sola nacionalidad evitaría posibles conflictos derivados de una segunda ciudadanía y reforzaría el vínculo jurídico y político de los gobernantes con México. La propia Presidencia señaló que la intención es colocar el interés nacional por encima de cualquier otro.
En contraste, durante el debate legislativo hubo diputados que cuestionaron la necesidad de la reforma y señalaron que la doble nacionalidad es un derecho reconocido por la legislación mexicana. También argumentaron que tener otra nacionalidad no necesariamente implica una doble lealtad y que la medida podría afectar la participación política de mexicanos que viven o tienen vínculos con otros países. Estas fueron posiciones expresadas durante el debate parlamentario, no hechos establecidos por la reforma.
El punto para Tonalá
Claudia García representa al Distrito 7, con cabecera en Tonalá, y su posicionamiento a favor de la reforma forma parte de las decisiones que está tomando como representante federal.
Sin embargo, para los habitantes del municipio la pregunta práctica es otra: ¿esta reforma resuelve alguno de los problemas que enfrenta actualmente Tonalá?
La respuesta, por su contenido, es que no de manera directa. La reforma no contempla recursos para municipios, obras públicas, seguridad, agua potable, drenaje, movilidad ni servicios municipales.
Su eventual beneficio tendría que evaluarse desde otro ángulo: si se considera que establecer la nacionalidad única para quienes ocupen la Presidencia o una gubernatura fortalece la seguridad jurídica y la soberanía nacional, entonces el efecto sería institucional y de largo plazo. Si se considera que el principal problema está en la calidad de los gobiernos y en la rendición de cuentas, la nacionalidad por sí sola no garantiza mejores servicios ni una mejor administración pública.
Por ahora, la reforma aún no está concluida. El Senado deberá discutirla y, en caso de aprobarla, continuarían las etapas previstas para una reforma constitucional.
Así, el voto de Claudia García representa una posición política clara sobre un tema nacional, pero sus efectos directos sobre la vida diaria de los tonaltecas son, por el momento, limitados.
