Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
La semana pasada estuvieron en Jalisco integrantes de la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 para escuchar testimonios.
Más que hablar de los retos que tiene esta ambiciosa, quisiera centrarme en un actor ausente en estos y otros temas en esta materia y me refiero a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Desde hace varias semanas, la CNDH ha invertido recursos en una campaña que parecería buscar minimizar los avances de la Comisión de la Verdad, presumiendo lo que el ombudsman nacional considera sus logros fundamentales para visibilizar esa época de represión política, también conocida como “Guerra Sucia”.
En esos spots publicitarios el órgano que nos cuesta anualmente casi 1,800 millones de pesos, ha insistido desde la pura auto referenciación que, como nunca antes, ha prestado atención a esta problemática. Sin embargo, cuando buscamos lo que genuinamente ha hecho la Comisión Nacional, nos encontramos con la recomendación 98VG/2023 emitida el 18 de abril de este año.
Esto significa que le tomó a la instancia dirigida por Rosario Piedra Ibarra (que, por cierto, tiene a un hermano desaparecido desde 1974) casi cuatro años para publicar un documento que, más que una recomendación, parecería un informe de 868 páginas que, por su amplitud, dificulta el entendimiento de las violaciones de derechos humanos concretas, así como la identificación de las víctimas.
Más aún, lejos de complementar los esfuerzos anteriores, parecería que se pretende borrar lo actuado por sus antecesores y adelantarse al informe que divulgará la Comisión de la Verdad, a la que ha puesto en una situación incómoda porque varios de los puntos recomendatorios contradicen lo actuado por esa instancia de esclarecimiento histórico.
Ese actuar es el que ha caracterizado a esta CNDH, una institución que está lejos de ser autónoma, de funcionar como órgano fiscalizador y protector de derechos humanos.
Tristemente, algo similar es lo que vemos en Jalisco. Como recordamos, el 21 de julio pasado, el Congreso estatal eligió, en un proceso de selección controvertido y que violó la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a Luz del Carmen Godínez González, quien asumió la presidencia del Ombudsman estatal por cinco años el 2 de agosto siguiente.
Preguntaría a los lectores si alguien ha escuchado algún pronunciamiento de la Comisión Estatal sobre los temas de derechos humanos que son preocupación en nuestro estado: personas desaparecidas, violencias de género, acceso a la justicia, derechos al agua, a la información, a la manifestación, etc.
Al igual que la CNDH, parecería que esta Comisión estatal simbólicamente busca borrar lo que hicieron sus antecesores, por ejemplo, al diseñar una nueva página web que no ha migrado toda la información histórica de la Comisión, lo cual dificulta a cualquier persona una revisión integral del actuar de este órgano, con independencia de quien lo preside.
Si quisiéramos saber más sobre las recomendaciones emitidas, los hechos que las generaron, las autoridades y los puntos recomendatorios, encontraremos algunos obstáculos.
Por ejemplo, de las 20 recomendaciones emitidas desde que asumió Luz del Carmen Godínez González la presidencia, nueve de ellas pueden consultarse en el portal anterior. Las recomendaciones a las que me refiero son las 34, 35, 36 y 37 de 2022, así como de la 1 a la 5 de este año.
Las recomendaciones que van de la 6/2023 a la 16/2003, las encontramos en su nuevo portal de internet, y solo después de desplazar el cursor hasta el extremo derecho nos daremos cuenta que está disponible el texto completo.
Adicionalmente, la última recomendación, la 16/2023, no tiene identificada a la autoridad responsable, esto es, a la que se dirige la recomendación.
Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en este caso debemos hacerlo al ver el claro retroceso en el número de recomendaciones. La Comisión ha pasado de emitir 40 recomendaciones en 2019, a 190 en 2020 y 283 en 2021. En 2022 se emitieron 37 y, en lo que va de 2023, van 16.
Solo en cuatro fechas se han emitido recomendaciones: el 22 de diciembre (casi 5 meses después de haber sido elegida), emitió las últimas cuatro de 2022; en este año emitió las primeras cinco el 3 de febrero; el 30 de marzo emitió de la 6 a la 13; y el 18 de mayo emitió las últimas tres.
Al igual que la Nacional, esta Comisión cuesta. Con 175 millones de pesos para este año, puede y debe involucrarse decididamente en la situación de derechos humanos de Jalisco.
* Directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” del ITESO
