//¿Quién prende el alumbrado público en Tonalá?

¿Quién prende el alumbrado público en Tonalá?

Por acuerdo de la mayoría del pleno, el Ayuntamiento de Tonalá decidió rescindir el contrato de prestación del servicio de alumbrado público a la empresa Mexiled, vigente desde 2015.

Desde Octubre de 2018, con el inicio de la Administración actual, se suspendió el pago de poco más de 5 millones de pesos mensuales a Mexiled, que es el importe que cobra la CFE por el consumo de energía eléctrica en el municipio.

El contrato entre Mexiled y el Ayuntamiento establece que la empresa concesionaria se compromete a instalar 22 mil 300 lámparas de alumbrado público en 356 circuitos de 70 luminarias cada uno.

Además de instalar nuevas lámparas tipo led, la empresa se comprometió a darles mantenimiento y a pagar a la CFE el consumo durante la vigencia del contrato que es de 20 años.

Se calcula que la inversión en la modernización y operación del sistema de alumbrado público importa 400 millones de pesos.

Las partes se acusan mutuamente de no cumplir el contrato, a pesar de que el plazo para que el sistema nuevo ya estuviera funcionando.

De las más de 22 lámparas comprometidas, hay instaladas poco más de 6 mil y se ignora cuándo será completada la cifra contratada.

Por lo pronto, el Ayuntamiento de Tonalá paga a la CFE alrededor de 7 millones de pesos por el consumo, de lo contrario se suspendería el servicio, como ha sucedido varias veces desde 2015.

Un detalle:  como el contrato establece que Mexiled debe recibir el diez por ciento de las participaciones federales para cubrir las condiciones del contrato, la tesorería municipal deja de recibir dos y medio millones de pesos mensuales que van directamente a la concesionaria.

El Ayuntamiento de Tonalá ha recibido el apoyo del gobernador Enrique Alfaro en su decisión de rescindir el contrato con Mexiled y asignarlo a otra empresa.

Ni el Ayuntamiento ni el Gobierno del estado hablan de hacerse cargo directamente del servicio, a pesar de la obligación que tiene la autoridad por mandato constitucional, sino que, todo hace ver que se pretende dar la concesión a otra empresa.

Se viene un pleito judicial cuyas consecuencias son imprevisibles, salvo que la población siga sufriendo el mal servicio de alumbrado público.

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