El Pleno del Ayuntamiento de Tonalá dio luz verde al proyecto de Ley de Ingresos para el año 2027, en el cual se calcula reunir una cifra total de dos mil quinientos sesenta y tres millones quinientos veintidós mil ciento veinte pesos. El documento pasará ahora a manos del Congreso del Estado de Jalisco para su revisión y aprobación final, luego de haber sido respaldado por dieciséis ediles y recibir tres votos en contra, los cuales provinieron en su totalidad de la fracción del partido Movimiento Ciudadano.
Para entender de dónde saldrá todo este dinero, la cifra más grande no depende directamente de lo que se cobra en las oficinas municipales. Casi tres de cada cuatro pesos presupuestados provienen de las participaciones, aportaciones y convenios fiscales que mandan el gobierno federal y el gobierno del estado, sumando un mil novecientos quince millones de pesos. Estos recursos llegan etiquetados desde arriba y están destinados a cubrir grandes obras, seguridad pública, salud y programas sociales.
El dinero restante se reúne mediante el cobro de ingresos propios a la ciudadanía y a los negocios locales. En este apartado, el cobro de impuestos aportará más de cuatrocientos dieciséis millones de pesos. La mayor parte de este dinero se recauda a través del impuesto predial que pagan los dueños de casas o terrenos, así como por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales que se cobra al vender una propiedad.
Otro ingreso relevante es el de los derechos, con los que se busca captar más de ciento noventa y cuatro millones de pesos. Este cobro se genera cada vez que un vecino acude a solicitar un servicio del Ayuntamiento, como la expedición de licencias de construcción, permisos para abrir un negocio, actas del Registro Civil o el uso de espacios públicos.
Por su parte, el concepto de productos generará poco más de diecinueve millones de pesos, dinero que entra al municipio por arrendar o explotar bienes de su propiedad, o por prestar servicios de carácter privado. En el caso de los aprovechamientos, se estiman más de diecisiete millones de pesos, cobros originados por multas reglamentarias, recargos a morosos e indemnizaciones.
El aspecto que más atención genera entre la población es el ajuste en las tarifas. El Ayuntamiento aprobó un incremento general del siete por ciento en el costo de los derechos, productos y aprovechamientos, además de un aumento del cinco por ciento en los valores catastrales de suelo y construcción, lo cual eleva de forma automática la base para cobrar el impuesto predial.
Si se comparan estos números con la economía real, el incremento al predial del cinco por ciento se ajusta de forma muy cercana a la inflación estimada para 2026, calculada en cuatro punto seis por ciento, por lo que casi equivale a actualizar el cobro según el costo de la vida. No obstante, el alza del siete por ciento en cobros como trámites y licencias se ubica más de dos puntos por encima de esa inflación, representando un incremento real que impactará de manera directa los bolsillos de quienes busquen abrir un negocio o solicitar un servicio municipal en 2027.
