Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
Hace una semana hablamos sobre los hallazgos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Desde entonces ha habido varios acontecimientos. Abordaré cuatro.
El primero fue la indignación social. Este fin de semana hubo manifestaciones y vigilias en decenas de lugares, incluida la capital del país y en Guadalajara. A esas muestras de rechazo se han sumado notas y comunicados de prensa, artículos de opinión y cartones que han retratado el horror, así como voces, crónicas y artículos publicados desde hace años que documentaban actos similares, entre otros, en lo tocante al reclutamiento forzado de jóvenes en diversas partes de Jalisco.
El segundo acontecimiento fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, criticada por colectivos de familiares, personas y organizaciones de la sociedad civil. Ante la presión que este caso ha generado, la presidenta anunció que firmaría un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y que el día de hoy (jueves) enviaría al Congreso de la Unión varias iniciativas de reforma legal sobre seis temas que básicamente buscan facilitar la búsqueda de las personas, agilizar la identificación y restitución de restos a sus familiares, equiparar el delito de desaparición al de secuestro, fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y contar las carpetas de investigación dentro la estadística delictiva que mensualmente publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al día siguiente de ese anuncio, más de 170 personas y organizaciones de derechos humanos emitieron un pronunciamiento donde evidenciaban el desconocimiento que la presidenta y sus asesores tienen sobre la situación de las desapariciones en el país porque varias de sus propuestas ya se encuentran en la legislación actual y otras, en caso de ser implementadas, serían regresivas a lo que se ha construido por años.
El comunicado reiteró la importancia de que la presidenta escuche a los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que son quienes cuentan con un diagnóstico fino y tienen la mayor claridad sobre lo que se necesita en el país para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones de personas.
Con el hashtag #SinLasFamiliasNo, el documento incluye siete exigencias a la presidenta: 1) un plan nacional de prevención de desapariciones; 2) un plan para abatir la impunidad, 3) un sistema de rendición de cuentas, 4) un mecanismo extraordinario de identificación forense, 5) presupuesto adecuado, personal calificado y suficiente en las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas, 6) inclusión en los informes semanales del gabinete de seguridad el delito de desaparición, y 7) “no modificar ninguna ley sin convocar en calidad de urgencia a los colectivos de [personas] buscadoras para discutir cómo abordar los puntos anteriores.”
El tercer punto que rescato es la respuesta de las autoridades jaliscienses. El gobernador Pablo Lemus se reunió con algunos colectivos, participó en la sesión del gabinete de seguridad federal y anunció que continuaría coadyuvando con la Fiscalía General de la República (FGR) que, según anunció su titular, asumirá formalmente la investigación una vez que le sea remitida toda la información con la que cuenta la fiscalía estatal.
Por su parte, el Congreso local citó a comparecer al gabinete de seguridad, convocatoria suspendida a causa de la conferencia de prensa del titular de la FGR. Como sabemos, las legislaturas anteriores han sido criticadas por la simulación en la Glosa de los informes anuales del Ejecutivo estatal, donde no hay una auténtica, transparente y abierta fiscalización y diálogo con funcionarios que comparecen ante las y los diputados.
El último acontecimiento fue la conferencia de ayer del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que informó que el Ministerio Público Federal ejercería la facultad de atracción del caso a partir de la comisión de delitos federales.
Sin tener el expediente íntegro de la fiscalía local, pero a partir de información que esta le suministró, acusó de negligentes sus investigaciones por no haber procesado todas las evidencias, haber omitido la práctica de otras, y no haber tomado declaraciones o testimonios que abonen a la indagatoria.
Alejandro Gertz solicitó a la fiscalía estatal proporcionar transporte para trasladar hoy a integrantes de medios de comunicación que quisieran acudir al Rancho Izaguirre con la comitiva fiscal, y estuvo abierto a recibir pruebas que pudieran proporcionar las madres buscadoras e instancias internacionales.
En respuesta, el Fiscal estatal Salvador González de los Santos, anunció que entregarán la totalidad del expediente a la FGR y que proporcionarán el transporte. También propuso la creación de una comisión de la verdad.
En medio de reclamos y acusaciones, esta crisis abre posibilidades y da oportunidades para que las autoridades actúen con seriedad, responsabilidad y sensibilidad, atendiendo rápidamente el caso y adoptando medidas estructurales que impacten a otros que no han salido a la luz. Ojalá las aprovechen.
* Directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
