Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
Este martes se perdió la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera si tenía competencia (es decir, si podía revisar) el contenido de las reformas a la Constitución. Se esperaba que, luego de resolver que tenía facultad para ello, declarara parcialmente inválidas las modificaciones del Congreso de la Unión en la llamada “reforma judicial”. Tras no conseguir el octavo voto del ministro Alberto Pérez Dayán, la Corte decidió que no podía continuar conociendo el tema.
Desde que se supo tanto el sentido de los votos (siete a favor de declarar la invalidez de la reforma y cuatro en contra) como la decisión final, el nombre del jurista ha estado en boca de todo mundo: tanto del oficialismo que le aplauden su voto como de quienes lo tildan de traidor. Esto ha sido particularmente notorio en integrantes del Poder Judicial de la Federación y de distintos profesionales del derecho.
Con este episodio, parecería haberse cerrado el capítulo de que un órgano revisor determine si las reformas constitucionales son válidas. Parecería que no hay más opciones, pero no es así. Y no lo es porque nuestro país es parte de un sistema multilateral de países a los que debe rendirles cuentas a través de diferentes procesos.
Tratándose de derechos humanos, México ha firmado, de manera soberana y sin coacción, diversos tratados que, en gran medida, luego hemos plasmado en leyes. Hay tratados internacionales relacionados con los derechos de las mujeres; de las personas con discapacidad; de pueblos indígenas; de niñas, niños y adolescentes. Hay otros que prohíben la tortura, la desaparición de personas, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Finalmente, existen tratados que reconocen derechos económicos, sociales y culturales, así como derechos civiles y políticos.
Todos esos instrumentos reconocen derechos humanos y establecen obligaciones de las distintas autoridades de respetarlos y garantizarlos.
¿Y qué pasa cuando esos derechos no se cumplen o se violan? Hay instancias que pueden revisar a nuestro país, a través de la actuación u omisión de sus poderes y órganos. Uno de ellos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha convocado a una audiencia sobre la reforma judicial para el próximo martes a las 14:00 horas de Washington, DC (13:00 horas de Guadalajara). En ella, las partes solicitantes expondrán sus preocupaciones, la delegación oficial mexicana presentará sus defensas y ambas tendrán que responder a las preguntas que formulen integrantes de la CIDH.
Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido criterios claros sobre la independencia judicial y sobre la obligación de proveer de recursos judiciales que sean idóneos y efectivos para las personas. Esos y otros temas se expondrán en la audiencia que puede verse en el sitio web de la Comisión.
Por otra parte, quiero sumarme a las voces que han expresado su rechazo por la inclusión, también el martes, de Rosario Piedra Ibarra en la terna que se someterá al Pleno del Senado la próxima semana para la elección de la persona que asumirá la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por cinco años más.
Se ha hablado de la gestión que ha tenido la actual Ombudsman, pero ahora es preocupante la publicación de las evaluaciones de las personas candidatas a partir de su perfil, programa de trabajo y la entrevista que sostuvieron con integrantes de las comisiones de justicia y de derechos humanos del Senado. Rosario Piedra es de las peores calificadas.
Por esa razón, ayer organizaciones de la sociedad civil convocaron a una conferencia de prensa pidiendo decoro, decencia y responsabilidad para que el Senado no reelija a Rosario Piedra. Yo me sumo a esta solicitud.
Quisiera terminar mi comentario con un llamado a todos aquellos estudiantes de derecho o a quienes tienen interés en esa profesión. En estos meses hemos vivido un contexto desalentador. No dudo que más de una persona piense en estudiar otra carrera o cambiar de giro profesional. Pero es precisamente en estos momentos en los que necesitamos personas capaces, estudiosas y comprometidas para cambiar el escenario adverso que tenemos.
A finales de los 40, Eduardo Couture redactó lo que se conoce como los mandamientos del abogado y me gustaría recordar dos de ellos:
Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia.
Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del Derecho; en la paz, como substitutivo bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay Derecho, ni justicia, ni paz.
Trabajemos, pues, y tengamos fe en una profesión digna y que, hoy más que nunca, es necesaria en nuestro país.
*Directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
