Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
Existen acontecimientos que, por su trascendencia, al traerlos a la memoria, podemos recordar exactamente qué estábamos haciendo, dónde estábamos y con quién.
Hoy conmemoramos uno de esos eventos: el décimo aniversario de uno de los casos de derechos humanos más emblemáticos en México: el caso Ayotzinapa.
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acudió a la ciudad de Iguala, en Guerrero para “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración sobre los hechos ocurridos en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, donde la mayoría de las víctimas también eran estudiantes.
De acuerdo al recuento de los hechos que hace el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh (una de las organizaciones que acompaña el caso), “aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-.”
En esos dos escenarios fueron detenidos y posteriormente desaparecidos 43 estudiantes cuyas edades eran de 17 a 25 años.
Pero también en esa misma noche, y durante la madrugada del 27 continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que había logrado infiltrarse en estructuras estatales y que se conocía como “Guerreros Unidos”.
El saldo de la cruenta noche de Iguala, narra el Centro Prodh, fue brutal: 43 jóvenes estudiantes desaparecidos; 6 personas ejecutadas (tres de ellas normalistas, uno de ellos previamente torturado); al menos 40 personas lesionadas (incluyendo dos estudiantes con afectaciones graves y permanentes a su salud: uno de ellos continúa en coma). “En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.”
Lo paradigmático del caso es el número de víctimas y porque refleja una de las realidades más dolorosas en México que es la desaparición de personas, especialmente de jóvenes y estudiantes en regiones alejadas con una fuerte presencia del crimen organizado. En el caso de Jalisco, nos puede recordar a los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Aldo González, Quike Esparza y a muchos otros cuyos sueños fueron truncados.
De acuerdo con el Registro estatal de personas desaparecidas de Jalisco, al 31 de agosto de este año existían 15,216 personas desaparecidas, de las cuales 2,222 tienen edades entre los 20 y 24 años, y 1,110 están entre las edades de 15 a 19 años. Esto significa que dos de cada 10 personas que desaparecen en nuestra entidad tiene entre 15 y 24 años.
Pero el caso también es simbólico por los obstáculos estructurales que impiden conocer la verdad de los hechos, encontrar a los estudiantes, e identificar y procesar a los responsables.
Este caso, como muy pocos, ha tenido una inmensa cantidad de apoyos e involucramiento de distintas instancias. Por ejemplo, cuenta con una Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (cuyo titular original, Omar Gómez tuvo que renunciar por los obstáculos que la misma FGR -de la cual dependía- le puso). También tuvo una comisión de la verdad encabezada por el entonces subsecretario Alejandro Encinas (a quien espiaron y le iniciaron investigaciones penales a raíz de las denuncias presentadas por varios militares imputados).
A nivel internacional, un Grupo interdisciplinario de cinco personas expertas independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (conocido como “GIEI”) elaboró tres informes y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, que documenta las torturas a diferentes personas, bajo las cuales se sustentó la “verdad histórica” del caso creada por la entonces PGR.
Y, finalmente, un caso en el que ha habido renuencia de las Fuerzas Armadas a colaborar con toda la información de la que disponen porque ha sido probado que estaban enterados, en tiempo real, de lo que estaba sucediendo a los estudiantes. Paradójicamente, ayer se aprobó una reforma en la que esas Fuerzas Armadas serán las que brindarán seguridad a nuestro país.
* Directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ)
