Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
El martes de esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, un evento en el marco de los 45 años de su instalación. Esto es uno de varios aniversarios relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para 2024, cuya historia se remonta a 70 años.
En 1948 los 35 países (o “Estados miembros”) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptaron la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, primer documento consensuado que reconoció una diversidad de derechos humanos que debían regir en cualquier país del continente americano.
Ya teniendo un instrumento que reconocía esos derechos, se planteó la incógnita, ¿a qué instancia se podía acudir si alguno de ellos era violado?
Así fue como hace 65 años, en 1959, los Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA se reunieron en Santiago de Chile y emitieron una resolución en la cual determinaron “Crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se compondrá de siete miembros, elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos, por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, [y estará] encargada de promover el respeto de tales derechos […].”
La resolución también encargaba al órgano jurídico de la OEA redactar un tratado de derechos humanos que creara una Corte en la materia, y que se sumaría a la Comisión recién creada.
Diez años después de esa resolución, en 1969, se celebró la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en la que se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y tuvieron que pasar otros diez años para que entrara en vigor la Convención, en 1978.
Se había logrado un tratado que reconocía derechos humanos, imponía obligaciones generales a los Estados en esa materia y, a la vez, formalizaba la creación de dos órganos de supervisión y protección como son la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana ha entendido que el conocimiento jurídico y su aplicación práctica en los procesos y las sentencias (junto con el análisis sensible de los casos) le da credibilidad y protege a las personas de las injusticias. Ejemplos de ello sobran, pero tal vez algunos de los más reconocidos han sido la forma en que ha entendido las desapariciones forzadas aún antes de que hubiera habido marcos jurídicos, o la amplitud de las reparaciones ordenadas cuando concluye que un Estado violó derechos humanos.
Es importante mencionar que, para que un caso se someta a la Corte Interamericana debe haber pasado por un trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambas instancias se activan cuando un país no pudo resolver, en sede interna, las violaciones de derechos denunciadas. La forma más sencilla de hacerlo es contando con recursos juridiciales efectivos, que respeten garantías del debido proceso básicas como la imparcialidad e independencia judiciales.
Podemos preguntarnos si, con la reforma judicial que terminará por aprobarse pronto, se cumplirá con estas garantías. Actualmente, y sin esa reforma, México ya es el país con mayor número de peticiones presentadas ante la CIDH. De acuerdo con su informe anual 2023, de las 2,692 denuncias presentadas, 771 fueron sobre nuestro país, lo cual corresponde a un 28.64% del total. Es decir, casi tres de cada diez denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos dentro de los 35 países de la OEA fueron sobre México.
Usualmente, los casos que conoce la Corte tienen que ver con situaciones estructurales que no han podido ser resueltas al interior del país concernido. En el caso de México, hasta el momento, la Corte ha emitido trece sentencias condenatorias por temas relacionados con candidaturas independientes, violencia de género, desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, arraigo y prisión preventiva. Están pendientes de decidirse dos casos más.
Al igual que lo que sucede en México y otros países, en diferentes momentos de su historia, la Comisión y Corte Interamericanas han recibido presiones y críticas de gobiernos que se rehúsan a cumplir con sus decisiones. Se le ha intentado quitar presupuesto y nombrar como comisionados o jueces a personas que no están a la altura, entre otras iniciativas.
Hasta este momento, ambos órganos han resistido y, de hecho, la Corte Interamericana ha emitido varias sentencias sobre ataques a la independencia judicial y destituciones arbitrarias de jueces en países como Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela.
Termino con dos reflexiones a partir de lo anterior. La primera, es que las cosas estructurales (su diseño, estructura y contenido) toman tiempo (en este caso, décadas); la segunda, que no dudaría que en unos años se pronuncie sobre México, si es que la situación actual se mantiene.
* Directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ)
