Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
En estos días, ha habido comunicaciones de diversas instancias internacionales sobre dos temas igualmente relevantes en materia de derechos humanos.
La primera tiene que ver con el asesinato, el domingo pasado, del periodista Alejandro Martínez Noguez, en Villagrán, Guanajuato. Este lunes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un comunicado condenando tanto el homicidio como las lesiones que recibieron los dos escoltas que lo acompañaban.
La ONU-DH señaló que el señor Martínez Noguez tenía medidas otorgadas por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por agresiones sufridas con anterioridad, incluido un intento de homicidio a finales de 2022, e instó a las autoridades “a realizar una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que priorice la labor periodística como línea de investigación”.
Al recordar que ha habido cuatro periodistas asesinados en lo que va del año, la ONU-DH llamó a las autoridades electas a “redoblar esfuerzos para poner fin a la violencia contra quienes ejercen el periodismo.”
Por otra parte, el gobierno mexicano recibió una comunicación urgente de la señora Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, relacionada con las iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el presidente López Obrador”, las cuales, en opinión de la experta, “podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana.”
La comunicación de 12 páginas sintetiza los temas incluidos en la reforma. En palabras de la Relatora,
“Las propuestas incluyen medidas que podrían, entre otros aspectos, disponer la elección popular de todos los jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sin contar con procedimientos para regular las actuaciones durante la campaña. La reforma propone reasignar las funciones administrativas y disciplinarias del CJF a un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, los cuales serán electos por voto popular. Adicionalmente, las reformas proponen reducir de once a nueve el número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acortando su período, eliminando sus haberes de retiro y requiriendo a la SCJN emitir todas sus resoluciones exclusivamente a través del Pleno. Las reformas también plantean ajustar la remuneración judicial para equipararla a la del presidente de la República, asignar al Tribunal Electoral del Poder Judicial la competencia para conocer disputas electorales y ampliar los criterios para el inicio de juicio político de funcionarios judiciales a través del establecimiento de procesos penales.”
Basándose en la esencia de todo poder judicial independiente de proteger los derechos humanos y de ser un contrapeso al poder que podría amenazarlos, la relatora envió comentarios acerca de la compatibilidad de las propuestas con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.
La primera preocupación fue en torno al “contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en contra de ciertos jueces que han expresado un desacuerdo con la reforma.”
Una segunda observación tiene que ver con los criterios de selección para garantizar la independencia judicial. Sobre esto, la relatora explicó que el derecho internacional “exige que cualquier procedimiento de nombramiento garantice la independencia judicial, tanto institucional como individual, así como la imparcialidad subjetiva y objetiva o material. Los Estados deben adoptar medidas específicas para proteger a los jueces de cualquier forma de influencia política en su toma de decisiones, incluso a través de la adopción de procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, suspensión y remoción.”
Un proceso de selección adecuado debe llevarse a cabo por una instancia independiente, garantizando la participación efectiva de la sociedad civil y la ciudadanía, por lo que la relatora desincentiva elecciones parlamentarias de jueces porque, en ocasiones, privan las consideraciones políticas sobre los criterios objetivos establecidos en las normas internacionales (el mérito, las aptitudes, las calificaciones, la integridad, el sentido de independencia e imparcialidad, etc.)
La relatora también hizo observaciones y externó preocupaciones en temas como la elección popular de jueces, la duración en las funciones, la remoción anticipada de jueces, la propuesta de reemplazar al Consejo de la Judicatura federal por dos órganos nuevos y la remuneración de jueces y el presupuesto.
Por todo lo anterior, solicitó información al Estado mexicano. Desafortunadamente, el presidente López Obrador adelantó que no va a contestar las solicitudes.
Considero que tanto la violencia contra periodistas como la garantía de un sistema judicial independiente, imparcial y diligente, son temas que merecen una reflexión profunda y la mayor atención de nuestras autoridades.
* Directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ)
