Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
Hace cinco semanas que fueron las elecciones; sin embargo, se sigue hablando de ellas, de las personas electas, de quienes integrarán el gabinete federal o de la representación que habrá en los congresos, tanto federal como locales.
También ha habido foros (posiblemente los más conocidos, son los relacionados con la reforma judicial) y una diversidad de propuestas que buscan mejorar la vida democrática y los derechos humanos de todas las personas en México.
Una de esas iniciativas es la publicación de la organización Artículo 19, titulada “Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México”, presentada este martes.
En el país con mayor número de personas periodistas asesinadas en el hemisferio occidental, podemos intuir que el tono de la publicación muestra un panorama preocupante de retrocesos, ataques y agendas pendientes e impostergables del sexenio que termina y que son urgentes de retomar por las autoridades entrantes de los tres poderes y niveles de gobierno, que deben asumir con seriedad estos desafíos.
El informe presentado -que se encuentra disponible en su sitio web-, se compone de cinco capítulos, con nombres muy sugerentes para las personas lectoras: el primero se titula “la transparencia a modo para los pueblos indígenas”; el segundo, “la política del olvido”; el tercero, “la continuidad en la violencia contra la prensa”; el cuarto, “la batalla por el control de internet”; el quinto y último se centra en la “erosión institucional”.
Entre muchos de los datos que nos brinda el informe, menciono algunos:
- Durante el sexenio del presidente López Obrador se registraron 3,408 agresiones contra la prensa, lo cual equivale a una agresión cada 14 horas.
- Estas agresiones muestran un incremento del 62.13% en comparación con el sexenio previo de Enrique Peña Nieto.
- 46 personas periodistas han sido asesinadas y cuatro fueron desaparecidas en estos seis años.
- Las agresiones en línea representaron uno de cada tres ataques durante este periodo. De acuerdo con lo consignado, las autoridades son las principales agresoras de la prensa con 1,559 agresiones (45.75% del total).
- Los estados de la República con mayores índices de violencia fueron: la Ciudad de México (582), Guerrero (247), Puebla (241), Quintana Roo (236) y Veracruz (199). Jalisco, registró un total de 74 ataques contra periodistas y medios de comunicación.
- El informe registró “179 agresiones en las “mañaneras” e identificó que autoridades municipales y estatales de 20 entidades de la República repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante, con señalamientos como: “hampa del periodismo”, “hipócritas”, “prensa fifí, “conservadores”, “fantoches”, “doble cara”, “corruptos”, “vendidos/pagados”.
- Asimismo, se insistió en la estrategia de control de líneas editoriales del gobierno a través del gasto en comunicación oficial: de los 916 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial en los últimos seis años, 10 de ellos concentraron 47.08% (casi la mitad) de los recursos.
- La negativa a cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información superó al sexenio anterior. En ese periodo, “los sujetos obligados de la [Administración Pública Federal] recibieron 42,631 impugnaciones por sus respuestas; en la misma temporalidad, el gobierno actual recibió 92% más impugnaciones (82,147).
- “[A] pesar de declarar en diciembre de 2018 que ya no había espionaje, la administración de AMLO continuó con la adquisición y operación de equipo espía de diversa gama y sofisticación. El hito más preocupante fue el expuesto por la investigación de “Ejército espía”, [que usó el] sistema Pegasus contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
- A ello se le suman reformas abiertamente violatorias a derechos, como el llamado mecanismo de “aviso y retirada” en la Ley Federal de Derechos de Autor.
- Hay un retroceso en el acceso de la población a dispositivos e internet: las cifras más recientes muestran que solo 43.8% de los hogares cuentan con computadoras, en comparación con el 44.9% reportado en 2015.
- Hay una estrategia de debilitamiento de las instituciones y los contrapesos democráticos: en el sexenio se concretaron 65 designaciones en 17 de las 19 instituciones clave, de un total de 96 designaciones que tuvieron que hacerse por ley. Es decir, aún están 31 designaciones pendientes.
- Finalmente, se expresó preocupación por la crisis de desapariciones ya que “en estos seis años, un promedio de 25 personas ha desaparecido cada día, y una cada hora”, y es preocupante la política gubernamental de reducir las cifras alrededor de la problemática. También lo es que 16 personas buscadoras hayan sido asesinadas en este sexenio y una más está desaparecida.
- El panorama que nos pinta Artículo 19 es preocupante. Es apremiante que las nuevas autoridades (federales, estatales y municipales), se distancien de ese modo de proceder.
* Directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ
