Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
El día de hoy quisiera recordar dos fechas que son relevantes por diferentes razones, ambas vinculadas con dos temas estructurales.
La primera es el anuncio de la Compañía de Jesús en México sobre tres acciones vinculadas con el segundo aniversario del martirio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, Chihuahua. La primera es una misa en esa comunidad; la segunda, que los templos y parroquias jesuitas repicarán las campanas a las 3:00 de la tarde, hora aproximada en que fueron privados de su vida. Finalmente, habrá una misa y develación del Mural de la memoria, en la parroquia de la Sagrada familia en la Ciudad de México a las 7:00 de la tarde.
Lamentablemente su asesinato y el del guía de turistas Pedro Palma no es un hecho aislado. Prácticamente en los últimos dos años, es decir, de junio de 2022 (mes en que fueron asesinados los tres) a mayo de este año, se han registrado en México 81,865 homicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esos delitos, que se suman a muchos más, deben ser debidamente investigados y no pueden quedar impunes. En ese sentido, las -ojalá genuinas consultas sobre la reforma judicial– deberían considerar, entre otros factores, las que aseguren la justicia en todos los casos.
Sin duda, el reto de las autoridades entrantes (en los tres ámbitos de gobierno) será implementar soluciones viables para reducir la violencia, problemática que es de las más urgentes en el país.
Por otra parte, quiero recordar que hoy es el Día mundial de los refugiados, situación también preocupante en el mundo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que, “[para] finales de 2023, había 117,3 millones de personas desplazadas por la fuerza a causa de persecuciones, conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos y otros acontecimientos que alteraron gravemente el orden público.” Esas cifras aumentaron durante los primeros cuatro meses de 2024. Para entonces, la cifra superaba los 120 millones de personas. Usando los datos de 2023, esas cifras representaban que, a nivel mundial, una de cada 69 personas es refugiada.
Seguramente pensamos que esas realidades están lejos de nuestro país, pero no es así. La buena noticia que anunció este martes el gobierno de Estados Unidos sobre la naturalización de casi medio millón de migrantes en situación irregular y sus hijos que estén casados con ciudadanos estadounidenses se ve opacada con la orden ejecutiva anunciada la semana pasada, lo cual afectará a personas en riesgo.
La semana pasada, varias organizaciones de la sociedad civil expresaron su profundo rechazo a la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, al otorgar al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) el poder unilateral de deportar a las personas que ingresen al país fuera de los puntos de control fronterizos, impidiendo procesar sus solicitudes de asilo.
La medida, según las organizaciones, pone en peligro “las vidas de miles de personas que necesitan protección y las enviará de regreso a los contextos amenazantes de los que están huyendo, o las obligará a permanecer indefinidamente en ciudades fronterizas mexicanas con altos niveles de violencia y expuestos a buscar rutas aún más peligrosas para el cruce irregular.” También existe el riesgo latente de traslados al sur de México, lejos redes de apoyo, lo que genera incertidumbre, angustia, temor e incrementa vulnerabilidades.
Estas políticas no solo exacerban la situación en la frontera, sino que también imponen una carga insostenible sobre ciudades fronterizas por la insuficiencia de espacios en albergues, la falta crítica de recursos para atender a esa población y los incidentes de violencia y explotación contra migrantes que siguen aumentando por la falta de seguridad y protección.
Pero también hay un corolario nacional, así es que las organizaciones estiman “necesario y prioritario que el Instituto Nacional de Migración (INM) tome medidas inmediatas y efectivas para garantizar que las personas retornadas tengan acceso a la asistencia humanitaria y orientación legal proporcionada por organizaciones de la sociedad civil.” Asimismo, que “priorice el respeto a los derechos humanos de todas las personas migrantes y brinde opciones de regularización temporal a cada una de ellas, permitiéndoles una estancia prolongada en condiciones dignas, con acceso a trabajo, educación y salud. O bien, suspendan su recepción.”
En este Día Mundial del Refugiado de 2024, que la ONU centra “en la solidaridad con las personas refugiadas, por un mundo en el que se les dé acogida”, es fundamental el fortalecimiento del sistema de asilo en Estados Unidos y México para responder a las realidades y necesidades de las personas que requieren de protección internacional.
* Directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ
