Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
En esta semana, el presidente López Obrador nombró como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien hasta hace unos días fungía como responsable del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
Su designación es una mala noticia. Ha causado malestar en colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, así como preocupación en instancias especializadas.
Al compartir los sentimientos de esos actores, quisiera hacer cuatro reflexiones al respecto.
La primera es, que estamos hablando de un puesto clave en nuestro país por la magnitud y la sensibilidad de la problemática que le toca atender.
Actualmente, existen más de 112,000 personas desaparecidas en México. Urge tener instituciones que actúen de manera profesional, inmediata y coordinada para localizarlas. Esta es la responsabilidad de la CNB General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, tiene como mandato “determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda” de personas cuyo paradero se desconoce, en todo el territorio nacional.
Como sabemos, a la gran responsabilidad de la búsqueda de personas, se le sumó la de identificar a las que son encontradas sin vida. En mayo del año pasado, se reformó la Ley para incluir al Centro Nacional de Identificación Humana, cuya responsabilidad también se encuentra en la CNB.
La segunda reflexión es que, dentro de los 6 requisitos para elegir a la persona titular de la CNB, la Ley prevé dos especialmente relevantes:
Que la persona se haya desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento, y
Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal.
Este puesto es primordialmente técnico. La comisionada de búsqueda electa tiene algunos estudios, entre otros, en derechos humanos. Tuvo un puesto administrativo en una comisión de derechos humanos, ha estado en la Secretaría del Bienestar y en el INEA.
Preguntaría al público si consideran que esa experiencia le hace apta para un puesto en el que no puede darse el lujo de llegar a aprender porque la crisis forense es cada vez más grave y también lo es el clamor de las familias de encontrar a sus seres queridos desaparecidos.
La tercera reflexión es que esta elección viola el procedimiento previsto en la Ley, lo cual es aún más grave por la esencia del puesto de que hablamos.
El artículo 51 de la Ley General establece la forma en que se debe llevar a cabo la elección:
- Primero, la Secretaría de Gobernación realizará una consulta pública previa a los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.
- Aunque no está previsto en la Ley y es ideal hacerlo siempre, el segundo paso es emitir una convocatoria pública en la que se prevean los requisitos de elegibilidad y una etapa de entrevistas que permita conocer a las personas candidatas (lo cual se hizo cuando se designó a Karla Quintana en 2019).
- El tercer paso es que la secretaria de Gobernación haga una propuesta y el Presidente la avale.
Días antes, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México -que aglutina a más de 70 colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país- hizo notar algunas anomalías en el proceso como la falta de claridad sobre los elementos que se tomarían en cuenta para entrevistar a las personas candidatas, la omisión en incorporar un mecanismo de participación conjunta en el que las familias tuvieran una voz importante y la falta de transparencia del proceso.
La cuarta y última reflexión es que esta elección no solo viola el principio de participación conjunta previsto en una Ley que se creó y adoptó por el tesón de las familias, sino que hay preocupaciones fundadas de que se quiera borrar lo hecho por la CNB y, en vez de querer mejorar o perfeccionar lo ya realizado, parece que iremos en retroceso.
Esta elección parecería ser una simulación que puede traer serias consecuencias en las estrategias de búsqueda de las personas desaparecidas, así como generar revictimización en sus familiares.
La manera en la que se desarrolló la elección muestra la falta de compromiso real del gobierno mexicano con la principal problemática en materia de derechos humanos en el país. Para que exista legitimidad y confianza, es necesario revertir esta decisión.
* Directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” del ITESO
