Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco
De nueva cuenta, las desapariciones de personas generan polémica e indignación en nuestro país.
Como sabemos, hasta la semana pasada, había una iniciativa de reforma legal presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República en este tema. La propuesta era incompleta, reiterativa y no había sido consultada con colectivos y familiares de personas desaparecidas. Las solicitudes de reconsideración no frenarían la intención del Congreso de la Unión de aprobar, fast track, la iniciativa.
En esa coyuntura, el pasado viernes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU tomó una decisión histórica y excepcional: aplicar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que señala que cuando haya indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en un país, previa solicitud de información al Estado implicado, el Comité podrá hacer del conocimiento de la Asamblea General de la ONU esa situación.
Esta es la última herramienta que podía usar el Comité porque ya había agotado todos los procedimientos ordinarios y extraordinarios que establece ese tratado: en primer lugar, el examen periódico sobre cómo México nuestro país está cumpliendo con la Convención (México ya ha pasado por 3 revisiones, recibiendo las observaciones finales del Comité en 2015, 2018 y 2023). Esos procesos suponen un diálogo respetuoso con funcionarios del gobierno y se nutren especialmente de los aportes de las víctimas y la sociedad civil.
En segundo lugar, desde 2012, el Comité ha emitido 728 acciones urgentes para proteger víctimas, preservar evidencia y asegurar búsquedas e investigaciones diligentes, lo que ha hecho que México sea el país que más medidas de este tipo recibe a nivel mundial, con un 37.70% del total. Es decir, una de cada 3 acciones urgentes es sobre México.
En tercer lugar, el Comité está conociendo denuncias (conocidas como “comunicaciones”) por hechos concretos de desaparición.
Finalmente, el Comité visitó México a finales de 2021 por su preocupación sobre la situación del país. La excepcional visita incluyó, entre otros, a Jalisco.
Seguramente, la reciente decisión del Comité pesó en la reconsideración y solicitud de la presidenta al Senado de frenar la inminente aprobación de las reformas legales propuestas, lo cual fue aplaudido por diversos actores.
Hasta ahí, las cosas iban bien. Sin embargo, recientemente, las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores publicaron una “tarjeta informativa” en la que “rechaza[ban] las declaraciones de integrantes del Comité entorno [sic] a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado”, lo cual, dicho sea de paso, tergiversó lo señalado por el Comité.
Al día siguiente, domingo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que se hace llamar “defensoría del pueblo”, mostrando su falta de autonomía, también rechazó “que se viva una crisis de desapariciones en México y más aún que éstas sean consecuencia de una política de Estado.” En ese mismo comunicado informó que abriría una oficina regional en Jalisco, lo que debería generar temores fundados porque, en lugar de documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos en el país, se ha dedicado a justificar y aplaudir al gobierno.
La cereza en el pastel fue la vergonzosa y soberbia decisión del Senado de plegarse a lo dicho por el gobierno y pedir la destitución del presidente del Comité, mostrando un claro desconocimiento de derecho internacional de los derechos humanos y justificando una realidad innegable.
Al alud de pronunciamientos y críticas por esta decisión, ayer se sumó un comunicado aclaratorio del Comité sobre el procedimiento que iniciará.
Actualmente, desconozco quién puede negar que haya desapariciones cometidas o toleradas por funcionarios públicos. Pienso en los policías desaparecidos hace poco en Teocaltiche o en las detenciones y desapariciones de jóvenes en junio de 2020 por policías vestidos de civiles.
Pero también existe información oficial. En los últimos años, la Fiscalía estatal ha informado de la detención y/o vinculación a proceso por desaparición forzada a policías municipales de: Acatic, Ciudad Guzmán, La Barca, Ocotlán, San Ignacio Cerro Gordo, Sayula, Tala, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan. A ello podemos sumar las cifras que da el inexacto Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que, del total de 127,097 desapariciones documentadas, al menos 806 (un 0.63%) son forzadas.
Parecería que vivimos en dos países distintos: el de miles de personas dolidas por la desaparición de sus seres queridos y el de la indolente clase política y gobernante, que insiste en tapar el sol con un dedo. La respuesta del Estado mexicano en su conjunto (gobierno, Senado y CNDH) nos aleja de afrontar con seriedad y urgencia este problema persistente y generalizado.
