Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco
El pasado lunes conmemoramos el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas que, como hemos explicado en otras oportunidades, se estableció en honor a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador que fue asesinado hace 45 años, el 24 de marzo de 1980.
La ONU reconoció que “Monseñor Romero denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador.” En estos tiempos, donde la verdad se pone a prueba con la actuación de las autoridades en el caso Teuchitlán (y muchos más), ese día conlleva un significado especial para un país que cuenta con casi 125 mil personas oficialmente reportadas como desaparecidas.
Las desapariciones de personas se han cometido por décadas en México, aunque sus modalidades, perpetradores y móviles son distintos. Una especialmente grave es la desaparición forzada, porque implica el involucramiento directo de funcionarios del Estado. En esta coyuntura, fue oportuna la convocatoria a una audiencia pública por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer el estado de cumplimiento de una sentencia que emitió ese tribunal a finales de 2018.
Los hechos del caso tienen que ver con la detención arbitraria, en primera un momento, de Nitza Paola Alvarado y su primo José Ángel en el municipio de Buenaventura en Chihuahua en diciembre de 2009. Momentos después, los mismos perpetradores, elementos del ejército, entraron a la casa de su prima Rocío Irene y también se la llevaron con rumbo desconocido. Desde entonces, se desconoce el paradero de los tres.
Estas desapariciones se cometieron en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, que fue uno de los experimentos puestos en marcha por el gobierno de Felipe Calderón para luchar contra el crimen organizado. El operativo estaba compuesto por autoridades de diferentes niveles de gobierno y, aunque en papel se mencionaba que el mando y coordinación las tendría una autoridad civil, el liderazgo fue asumido por el Ejército.
En este caso, como en muchos otros, el Estado buscó deslegitimar los testimonios de familiares que presenciaron ambas detenciones y su defensa descansó en argumentar que los agresores eran civiles vestidos de militares. Por el riesgo que implicó su exigencia de verdad y justicia, varios familiares se desplazaron forzadamente y otros pidieron asilo en Estados Unidos.
En su sentencia, la Corte Interamericana dio la razón a las familias y condenó al Estado mexicano por violar diversos derechos humanos e incumplir obligaciones previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Como medidas de reparación, la Corte ordenó que el Estado realizara una búsqueda inmediata de las víctimas; que investigara los hechos y sancionara a los responsables; que se publicara la sentencia en distintos medios; que hubiera un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas a las víctimas; que se diera atención psicológica a las familias que lo requirieran; que se brindaran garantías de retorno o reubicación a las personas desplazadas; que el Estado garantizara el proyecto de vida de las familias (que había cambiado radicalmente a partir de los hechos); y que se les pagara una justa indemnización por ello.
En lo relativo a las reparaciones estructurales, la Corte ordenó perfeccionar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas porque antes y hoy sigue sin dar información certera y desagregada que, entre otros, muestre el número de desapariciones forzadas cometidas en el país; y también ordenó continuar con la capacitación en derechos humanos a integrantes de las Fuerzas Armadas, como una garantía de no repetición de los hechos.
A más de seis años de emitida esa sentencia (que fue paradigmática en las discusiones sobre las reformas constitucionales y legales en materia de Guardia Nacional), prácticamente todas las medidas de reparación se encuentran incumplidas. Por ello, el día de hoy las familias nuevamente volverán a pedir el amparo de un tribunal internacional, cosa que deberían hacer las autoridades mexicanas.
En un momento en el que se deslegitima y no se incluye a los colectivos de personas desaparecidas y las organizaciones que acompañan esas luchas, viene bien el recordatorio que hace el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando dice que “Al reconocer el valor de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, debemos comprometernos a proteger a quienes buscan la verdad y la justicia y proporcionar a las víctimas recursos eficaces y devolverles su dignidad.” Nuestro país requiere con urgencia una política de prevención, atención, sanción y erradicación de las desapariciones, que incluya las presentes y las de larga data, que esté vinculada a una política de seguridad pública más amplia. Estas crisis deberían darnos claridades en ese sentido.
