Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
En estas semanas la coyuntura mexicana ha mantenido nuestra atención en diferentes temas, impidiéndonos ver otras realidades que son igualmente preocupantes.
Me refiero a las elecciones en Venezuela celebradas el 28 de julio y en las que el oficialismo encabezado por Nicolás Maduro se empeña por reconocer su derrota.
Ese día, millones de venezolanos salieron a ejercer su derecho al voto, con la esperanza de sacar del poder, por la vía pacífica, a un presidente que se ha mantenido en él por más de una década bajo fuertes alegaciones de fraudes electorales.
El dolor y la indignación tras saberse los resultados que son increíbles a los ojos de ciudadanos y observadores electorales, ha derivado en continuas protestas pacíficas como las que vimos el pasado sábado, cuando miles de personas se concentraron en Venezuela y en 350 ciudades alrededor del mundo.
Lamentablemente, el derecho a la protesta (como, por cierto, lo tienen las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en México) ha venido seguido de una fuerte represión: al menos 25 personas han muerto y 2400 han sido detenidas mientras que, según reportan medios internacionales, más de 100 funcionarios públicos han renunciado por las opiniones políticas postelectorales.
Por la represión sufrida desde hace casi dos meses, el jueves pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que condenó esa violencia institucional, la cual incluye la “represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política.”
De acuerdo con el pronunciamiento, “El régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder. Venezuela dice la CIDH debe cesar las prácticas violatorias de derechos humanos inmediatamente, restablecer el orden democrático y el Estado de derecho.”
La CIDH ha recordado que estas elecciones presidenciales fueron “con una mayor participación que en elecciones previas, tanto de votantes como de personas voluntarias que actuaron como testigos de mesa y observadoras. Después del cierre de las mesas, surgieron denuncias sobre graves irregularidades en la transmisión de las actas electorales para la verificación y el conteo de votos, así como sobre la falta de transparencia y otros obstáculos en el proceso de auditoría ciudadana. Estas denuncias se intensificaron tras la conferencia de prensa del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien, de manera unilateral, declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, sin proporcionar la totalidad de las actas de votación o datos estadísticos desglosados, como exige la ley electoral venezolana.
“Hasta la fecha, [menciona el comunicado,] el CNE no ha hecho públicas las actas electorales ni proporcionó la información necesaria para refutar las serias alegaciones de fraude electoral, insistiendo en declarar a Nicolás Maduro como vencedor sin la documentación o datos estadísticos requeridos.
La Comisión Interamericana explicó que esta represión ha mostrado patrones previamente observados en las protestas de 2014 y 2017, a saber: i) uso arbitrario de la fuerza que ha resultado en pérdidas de vidas humanas y personas heridas; ii) detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas; iii) persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositoras y personas voluntarias electorales; iv) censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica; y v) obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos.
Por lo anterior, recomendó:
- Restablecer de manera urgente el orden democrático y el Estado de Derecho, garantizando la independencia, el equilibrio de poderes y los derechos políticos de la población venezolana.
- Garantizar el acceso a la información pública electoral mediante la publicación de la totalidad de las actas de votación; permitir su escrutinio independiente y respetar la voluntad popular expresada en el voto, de conformidad con los estándares de derechos humanos.
- Ordenar a las fuerzas públicas a abstenerse del uso arbitrario de la fuerza.
- Garantizar que los grupos armados no estatales que actúan con su consentimiento, tolerancia o aquiescencia cesen la violencia de manera inmediata.
- Liberar, inmediatamente, a las personas detenidas de manera arbitraria.
- Prevenir, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. […]
- Respetar las garantías judiciales, incluyendo medidas para asegurar el debido proceso y defensa técnica de confianza, así como garantías para algunos sectores en situación de vulnerabilidad.
- Cesar la criminalización, hostigamiento, persecución y acciones represivas de personas defensoras de derechos humanos, disidentes, opositores políticos, testigos electorales, periodistas y medios de comunicación.
- Suspender todas las estrategias de persecución digital y aquellas que emplean tecnologías para intimidar o silenciar a la población.
Hasta ahora, la diplomacia mexicana, junto con la colombiana y brasileña han tenido una posición de rechazo, y es previsible que así continúen. Las dictaduras son inadmisibles en cualquier lugar del mundo.
* Directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ
