Por: María Alejandra Nuño Ruiz Velasco*
En estos días el gobernador Enrique Alfaro ha brindado dos informes, siendo el primero, sobre seguridad. El gobernador señaló que la “agenda [de seguridad es la] más compleja, más dura y más desafiante”. Coincidiendo con esa afirmación, propongo siete reflexiones sobre este informe.
La primera es la carencia de un informe balanceado, autocritico, aunque sí sentido. En varias ocasiones, el gobernador mencionó lo difícil que es intentar pacificar un estado cuya situación se replica prácticamente en todo el país. Por supuesto, eso debe ser increíblemente desgastante, preocupante y frustrante, si se considera que los eventos violentos en Jalisco son el pan de cada día.
Gobernar es difícil; y gobernar un estado con tantos retos, debe ser más.
Por eso retomo la autocrítica porque, si bien siempre será importante informar los avances, sin mencionar los retos, no cabe una opinión objetiva de la realidad y, por tanto, enfocar las acciones del último año de gobierno a combatirlas.
En segundo lugar, menciono dos ausencias: la primera, sobre una política de prevención; la segunda, sobre las medidas tomadas por la fiscalía estatal y los resultados de las mismas a partir de la afirmación de junio de 2020 sobre la infiltración de esa institución por el crimen organizado.
El tercer tema es el de una comparativa incompleta de la seguridad.
El informe oficial insistió que Jalisco va mejor. Se basó en encuestas del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los delitos calificados como “de seguimiento especial”.
Sin profundizar más, la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo no incluye algunos delitos que podrían modificar la información aportada por el gobernador, así como la tendencia en otros delitos, como los de género. Solo hablando de delitos relacionados con derechos humanos, el Secretariado no compila información de detenciones ilegales, tortura, malos tratos y desapariciones, que cuentan con registros especiales. Un análisis integral debe considerar la información de todas las bases de datos delictivas.
Esto me lleva al cuarto tema, el de las desapariciones y la ausencia de diálogos en estos ejercicios de rendición de cuentas. Hace un año, en este espacio, analizamos el último informe del gobernador en la materia. Recordábamos que, año con año, iba menguando ese ejercicio incluyente que inicialmente había dado voz a las familias y luego fue reducido a un espacio cerrado en el que solo hablaban autoridades.
En esta ocasión ni siquiera hubo eso. Solo tuvimos el reconocimiento del gobernador de que existen, oficialmente, 14,313 personas desaparecidas y el desafortunado e innecesario comentario de que en el año hubo varios casos de personas reportadas como desaparecidas en los que hasta “había manifestaciones y luego aparecían de paseo, con su novio”.
Un quinto aspecto es que, en general, el informe estuvo centrado en la Zona Metropolitana de Guadalajara. No se dijo nada, entre muchas otras, de la intervención de la policía de Teocaltiche, el desmantelamiento de cámaras de seguridad del crimen organizado en Encarnación de Díaz, las desapariciones y reclutamiento forzado de jóvenes en Lagos de Moreno; o las balaceras en Mazamitla.
En quinto lugar, está la independencia judicial. En su informe, el gobernador dijo (cito): “apenas hace unas semanas dimos un paso histórico: el garantizar el presupuesto constitucional del Poder Judicial para garantizar su autonomía […].”
Esa afirmación refleja una realidad que, bajo ninguna circunstancia, debe ser normalizada. ¿Por qué el poder ejecutivo presume haberse involucrado en el proceso de selección de magistrados que le compete al Poder legislativo y en haber garantizado el presupuesto de otro poder, como es el judicial? ¿Dónde queda el principio de división de poderes?
Finalmente, retomo y cito: “la mezquindad de quienes quieren hacer un botín político de la seguridad”. Al igual que lo que sucede cada miércoles en la conferencia mañanera, el gobernador mostró nombres de personas y medios de comunicación que, afirmó, “le tienen rencor a nuestro estado” y hacen “apología del delito”.
En ese contexto vale citar el último informe anual del relator de libertad de expresión de la CIDH señala lo siguiente:
México es uno de los países más peligrosos y letales para la prensa en la región y en el mundo. […] La intensidad de la violencia contra la prensa está acompañada de un discurso oficial de estigmatización a la prensa por parte de autoridades, especialmente impulsado por el poder ejecutivo a través de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” de las conferencias de prensa presidenciales. Si bien la violencia y la estigmatización contra la prensa son fenómenos con orígenes y responsabilidades diferenciales, el discurso estigmatizante de funcionarios públicos dificulta los esfuerzos para combatir la violencia hacia periodistas, incrementa la hostilidad y los riesgos de la labor informativa; y fomenta un contexto de autocensura para reportar sobre asuntos de relevancia pública.
Termino insistiendo que es legítima la preocupación sobre la seguridad en el estado, lo cual no choca con reconocer el trabajo que realizan muchos funcionarios públicos en Jalisco. Quiero pensar que, más de uno de ellos, estará de acuerdo en que los avances son insuficientes en esta materia.
* Directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” del ITESO
